No hay alternativa para la República Dominicana: el Estado tiene que extender por más tiempo sus subvenciones lo que ya ha anunciado- al consumo de electricidad de los sectores más pobres de la ciudadanía que se agolpan en las zonas urbanas.

El uso no regulado es un componente importante de la interminable crisis de suministro de energía para el que no se avizora en corto plazo una solución, como no se vislumbra tampoco una rápida salida a otras ineficiencias básicas del sector energético.

Los operadores del sistema de electricidad tendrán necesariamente que procurar que sus mecanismos de facturación sean efectivos en la medida en que también vayan logrando una efectividad del servicio, caracterizado hoy por extensos apagones, y una adecuación de los costos de operaciones para que se correspondan a la naturaleza y posibilidades de la economía dominicana.

El carácter ilegal de las conexiones eléctricas que predominan en los ámbitos barriales de las familias de escasos recursos tendría que ser enfrentado juntamente con la puesta en orden de otras duras realidades sociales.

Estamos hablando de hogares en estado de aguda pobreza que por lo general carecen incluso del ingreso que mínimamente les permita alimentarse, vestirse y educar a los hijos, al tiempo de enfrentar al cobro de una luz que de no estar subsidiada les lleva a cargar con una parte importante de los costos indeseables que se derivan de la incapacidad de los sectores públicos y privados para producir energía con combustibles eficientes, y que además debería ser distribuida por infraestructuras que no causen las considerables pérdidas técnicas que hoy se dan.

Los sectores situados en la parte más baja de la pirámide social, que suelen alojarse en viviendas frágiles y estrechas con pésimo acceso a todos los servicios públicos – tienen que ser asistidos por el Estado con políticas de inversión orientadas a mejorar sus condiciones de vida, que saneen sus entornos, que hagan una realidad la seguridad social; que sus habitantes no mueran por falta de medicamentos en los hospitales; que la desnutrición no afecte el desarrollo físico y mental de los niños porque la leche y otros alimentos se expendan a precios prohibitivos; que sus casas no sean arrasadas por crecidas en tiempos de huracanes y sus muchachos no queden fuera de las aulas por falta de cupo, ni sus ancianos mueran en la soledad y el abandono por carecer de protección estatal.

No se pueda fácilmente separar la condición irregular en que muchos pobres consumen energía de otros aspectos del drama y tragedia en que sobreviven, mientras falla el desempeño de los agentes, públicos y privados, que controlan recursos y riquezas y que están verdaderamente obligados a proporcionar buenos servicios para entonces tener calidad para cobrarlos.