Indudablemente el objetivo de los reeleccionistas del oficialismo gobernante es buscar, por el medio que sea, los votos que las encuestas dicen que no tienen. De ahí que podrían recurrir al tancredismo, o acciones intrépidas para lograrlo, arrollando al país una vez más, que ya agoniza en su desacertada administración actual.

Los dominicanos esperamos, cada día, cuál será la artimaña de la ocasión del PPH, debido a que se mantiene en un agitado laborantismo político de buscar cuál es la acción a tomar para lograr lo que ya el pueblo les negó, después de haber sembrado con creces la desconfianza y haberse identificado como fieles seguidores de la mentira, del engaño y de hacer las cosas a escondidas, como es el acuerdo con los generadores privados de electricidad para descabezar al sector empresarial que tiene su sistema de autogeneración que los ha salvado de la ruina. También hemos visto de como se han arrendado porciones del país a empresarios y testaferros para pagar favores u otorgar graciosas concesiones que garanticen un apoyo a la reelección.

Aparentemente a los gestores del fraude, que trabajan a la sombra del reeleccionismo, se le han ido cerrando las opciones que habían acariciado debido a la celosa vigilancia que mantienen los partidos de oposición, organismos de la sociedad civil, la Iglesia Católica y a la firmeza de la Unión Europea y Estados Unidos que ya han advertido de la necesidad de celebrar comicios libres y democráticos. También las valientes denuncias del principal candidato de la oposición a la presidencia, puntero en las encuestas, que ha hecho en diversos foros internacionales, ponen a los cultores del tancredismo perredeísta a pensar en opciones que aparentemente pudieran ser las soluciones a su negro futuro a partir del 16 de agosto.

Se sabe que la composición de la inefable Junta Central Electoral favorece en su mayoría a las consignas y propósitos del PPH, cosa que muchos de ellos no lo desmienten públicamente y se presentan muchas veces como cuadros importantes de esos propósitos. De esa manera podrían contar con instrumentos que utilizarían para influir en los resultados electorales.

El dislocar los resultados de los colegios electorales implicaría acciones como las utilizadas en las elecciones de medio término del 2002, lo cual se considera descartado por la vigilancia existente. Así mismo está la posibilidad de promover desórdenes, ya que al no ser los colegios cerrados como fue en ocasiones anteriores cualquier empujón, tiro a puñetazo a alguno de los votantes podrían generar una estampida en aquellas mesas de sectores poblacionales que los reeleccionistas consideren que le son adversos.

Pero habrían otras posibilidades que deberían considerarse para buscarle con tiempo la solución. Y es en cuanto a la composición de los colegios electorales, en que si los presidentes y secretarios son designados directamente por la JCE, de seguro que serían fichas del PPH y con instrucciones precisas, no de alterar las actas de votación, sino impedir que lleguen los originales a las juntas electorales, cuando al finalizar las votaciones y se firmen las actas, cada delegado de los partidos obtienen su copia y la llevan a su partido. Pero cuando el presidente del colegio proceda en su trayecto a llevar el original del acta y los votos depositados, podría ocurrir alguna desaparición de las urnas de aquellos sectores de alta votación adversa al PRD.

El fraude podría hacerse en un 5% del total de colegios electorales que en su conjunto totalicen unos 200 mil votantes. Y esa probable acción, ante una JCE altamente identificada con el oficialismo, no sería para inclinar los resultados hacia el candidato del PPH, sino presionar para la segunda vuelta, cosa a la que están apostando los dos candidatos, blanco y colorado, muy distanciados del candidato peledeísta que mantiene su popularidad por encima del 60% de las preferencias populares.

La trampa, para el probable fraude, no se haría en aquellos sectores poblacionales de escasa votación, ya que se sabe que la definición de un ganador es en base a las votaciones de Santo Domingo, Santiago, La Vega, San Cristóbal y San Francisco de Macorís. En esos importantes centros urbanos se estudiaría, por parte del oficialismo y de su fiel JCE, de como se integrarían las directivas de cada colegio para neutralizar a los observadores y evitar que la sociedad civil y otros organismos, que están buscando voluntarios para integrar los colegios, no logren sus objetivos. Tenemos que estar con los ojos bien abiertos ya que las travesuras del PPH están definidas hacia la continuidad en el poder, no importando los medios para lograrlo.