No todo lo legal es justo, y por eso los jueces y tribunales deben ponderar muy bien las sentencias a dictar para evitar caer en situaciones que si bien tienen carácter de legalidad, lesionan y ultrajan principios elementales de justicia.

No voy a entrar en disquisiciones sobre la debatida sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, ya que los mejores juristas del país lo han hecho, coincidiendo con el voto disidente y razonado de las juezas Isabel Bonilla y Katia Miguelina Jiménez.

Sin embargo, llama la atención, hasta entre ciudadanos comunes, el carácter draconiano de una sentencia que, además de discriminatoria, viola el principio constitucional de la no retroactividad de las leyes o sentencias emanadas de cualquier tribunal.

Parecería que el TC estaba tan presionado en resolver el problema de las migraciones ilegales, que ignoró, pese a las advertencias de las juezas disidentes, que su misión es sobre guardar y no contradecir los mandatos de la Constitución vigente.

Aunque la sentencia contra los supuestos y reales residentes ilegales y sus descendientes en nuestro país desde el año 1929, fue dirigida contra los haitianos, afecta a inmigrantes de otros países que han hecho y siguen haciendo grandes aportes a la patria.

Mientras se debate ardorosamente el tema, el presidente Danilo Medina reitera, ante los quejosos descendientes de haitianos, y frente a organismos internacionales como la ONU, su disposición de buscar una salida humanitaria al problema.

Conviene que así sea, porque de lo contrario seguiremos figurando como un país racista, pese a nuestra variada composición étnica; además de exponernos a sanciones internacionales de entidades como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.