El Tribunal Constitucional tiene en sus manos un expediente que abre la oportunidad de restablecer el respeto de las garantías que amparan a los jueces en ejercicio, en el Estado de Derecho. Sí, restablecerlas, porque es una violación de esas garantías lo que ha empujado a poner en manos de este tribunal el caso del doctor Julio Aníbal Suárez Dubernay, a quien el CNM excluyó de la Suprema Corte de Justicia sin documentar ni motivar causas.

La exclusión de Suárez Dubernay sin justificar las faltas atribuidas y sin enumerar las sanciones que habrían sido condignas en caso de haberlas cometido, pone en riesgo la independencia del Poder Judicial y la inamovilidad que la Constitución reserva a los  jueces, que eventualmente podrían correr una suerte similar sin que se llenen los requisitos de motivar y documentar debidamente las causas de la  cancelación.

Aunque la decisión del CNM ha afectado a un solo juez, sienta un precedente que debe ser visto con preocupación por todos los demás jueces del país, incluyendo los actuales miembros del Tribunal Constitucional. La evaluación periódica del juez, que disponen  la Constitución y la ley del CNM, tiene por regla un sentido de confirmación, y solo por excepción debidamente motivada, la exclusión del juez objeto de evaluación. Ahora el Tribunal Constitucional tiene la palabra.

Por un reparto equitativo y justo

Entre los vendedores del mercado fronterizo de Dajabón hay inconformidad porque los módulos y espacios para vendedores estarían siendo distribuidos con discriminación y favoritismo.

El padre Regino Martínez, presidente de Solidaridad Fronteriza y defensor de los derechos de los habitantes de las poblaciones fronterizas, ha denunciado que en el reparto está de por medio el clientelismo.

Las autoridades están en el deber de hacer una distribución equitativa y justa de los espacios habilitados para los vendedores.

 No debería haber favoritismo ni privilegios para unos en perjuicio de los otros por razones de inclinación política o cosa parecida. La obra, construida con aportes de la Unión Europea, debe servir para beneficiar por igual a todos los vendedores que el espacio físico permita acoger.