Por cualquier lado que se mire, de tan escabroso, el caso duele. Cuesta mucho, muchísimo, imaginar los niveles de degradación que llevan a un general a fijarse en una niña de quince años que está participando en un programa de formación que auspicia la institución para la que él trabaja y que, sobre todas las cosas, está llamada a garantizar la seguridad de esa menor: la Policía Nacional.
La historia es deplorable. El general José Alejandro Acosta Castellanos abusa de ella durante dos años y la obliga a abortar dos veces. A eso se suma, aunque los abogados dicen que no es así, que ella podría estar embarazada nuevamente.
Lo más fuerte es que hay mucho más. Ella fue abusada además por el coronel Angel Antonio Bautista Piña, quien la mandó a la cárcel de Rafey para cobrarle una extorsión de RD$120 mil a un narcotraficante. Ahí ella volvió a ser agredida.
Si todo esto es grave, ¿qué pensar de la madre que prefiere aceptar los regalos del general y llegar a un acuerdo con él para que nada se sepa?
Como ella, en República Dominicana aún muchos padres permiten que sus hijas sean violentadas y vejadas con tal de sacar un beneficio económico. ¿Hasta cuándo se permitirá eso? La pobreza no puede ser una excusa para permitir que nuestras niñas se vean obligadas a satisfacer los deseos de enfermos que ven esas “relaciones” como algo normal.
Esperemos que la justicia castigue con severidad a estos dos oficiales y que la Policía establezca protocolos para que algo así no se repita. Además que investiguen a fondo lo que sucedió en Rafey porque es tremendo.