El Tesorero Nacional, Luis Hernández, declaró que casi el 90 por ciento de los nuevos funcionarios del gobierno han presentado la declaración jurada de bienes ante esa institución y la Procuraduría General de la República, en cumplimiento a la ley 82-79.

Hernández valoró como “muy importante” la actitud de esos funcionarios, ya que es la clara evidencia de una línea de conducta de trabajo con transparencia y de cara a la opinión pública, a las instituciones  y al país.

Indicó que quizás algunos que aún no han presentado la declaración jurada, no lo han hecho porque no se les ha vencido el tiempo y otros debido a que  desempeñan  funciones en el servicio exterior, pero que a estos  casos se les da seguimiento y que espera que antes de finalizar el año, estén listos todos los inventarios de bienes de los funcionarios designados en este gobierno.

En su opinión, para todo aquel ciudadano que vaya a ocupar  una función pública con honestidad y transparencia, no debe ser ningún tipo de inconveniente o contratiempo presentar la declaración jurada de bienes.

Explicó que eso es necesario para que cuando el ciudadano concluya el ejercicio de las funciones en la administración pública y el Congreso Nacional, presente otra declaración de bienes, de modo que la sociedad, su  familia y la justicia, puedan determinar que no ha habido ningún tipo de irregularidad.

Cree conveniente que todos los funcionarios y legisladores que estén incluidos dentro de la ley correspondiente, presenten la declaración jurada de bienes, para que se vea que actúa con total transparencia y no se les pueda hacer ningún tipo de cuestionamiento al finalizar sus funciones.

El Tesorero Nacional señaló que la declaración

jurada o inventario de bienes, es un mecanismo que puede contribuir a prevenir, detectar y combatir la corrupción en la administración pública y además, ayuda a  que  los funcionarios mantengan alto su nivel ético y moral ante la sociedad.

Agregó que ese mecanismo permite al Estado tener un registro al día de los bienes, propiedades materiales y ahorros de los ciudadanos que asumen funciones públicas, mantener una fiscalización constante de los servidores de la administración pública y establecer una valoración comparada al final de cada gestión.

El licenciado Hernández consideró que las declaraciones juradas de bienes no deben ser simples trámites burocráticos, sino la base para revisar y ubicar los bienes muebles e inmuebles declarados antes y después de la estadía de un  ciudadano en una función publica, a fin de determinar la procedencia y o legalidad de los bienes de todos los servidores públicos.