El tiro de gracia

Claudio Acosta

Tomás Castro, el abogado de la suspendida jueza Awilda Reyes Beltré, no se cansa de repetir que duda mucho que  Francisco Domínguez Brito, Procurador General de la República, tenga las pruebas de las acusaciones que le hace a su defendida, y advierte, con un tono que casi parece una amenaza, que si las acusaciones llegan hasta  un juicio  oral,  público  y contradictorio  saldrán a relucir los nombres de mucha  gente a la que no le gustaría aparecer involucrada en ese  escándalo.  Y tal vez tenga razón, sobre todo si es verdad que  el Ministerio Público y la Policía realizaron el pasado miércoles siete allanamientos, incluida la  residencia del regidor  por Monte Plata Ericson de los Santos,  en busca  de las evidencias  del soborno que habría recibido la magistrada. También se dice que como parte de esos esfuerzos fue interrogado  en la Policía el presidente de la Unión Nacional de Transportistas Unificados (UNATRAFIN), Arsenio Quevedo,  sindicato al  que pertenece el regidor de Pedro Brand.  Ojalá  que esas pesquisas  tengan los resultados que esperan  los investigadores,  que uno supone concentrados   en determinar  a través de quién se hizo y en qué fecha se pagó el soborno de RD$500 mil que alegadamente se entregó a la magistrada, y mas que nada en recolectar las pruebas de  la acusación contra la jueza Reyes Beltré, quien junto a otros cuatro jueces serían parte de una maffia que supuestamente negociaba con sus sentencias. Porque sería muy lamentable que el escándalo más grave que se ha denunciado en las últimas décadas en la justicia dominicana, como lo definió hace unos días el vicepresidente de FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán, terminara en un gran fiasco que solo  sirvió para darle el tiro de gracia a su   ya menguada credibilidad.