El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos y el Departamento de Estado informaron que se centran en soluciones y tienen un plan sólido para gestionar humanamente la frontera a través de la disuasión, la aplicación de la ley y la diplomacia tras finalizar el denominado Título 42.

Y es que las 11:59 horas (hora de Washington D. C.) del jueves 11 de mayo, la orden de salud pública del Título 42 de la época de la pandemia se levantará porque COVID-19 ya no es la amenaza que fue en su momento y la emergencia de salud pública está terminando.

Cuando se levante la orden del Título 42, Estados Unidos reforzará su aplicación de las normas de inmigración del Título 8 que datan desde hace largo tiempo para procesar y expulsar rápidamente a las personas que llegan ilegalmente a la frontera de EE.UU y no tienen una base legal para permanecer.

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Las personas que crucen la frontera suroeste de Estados Unidos sin autorización o sin haber utilizado una vía legal, y sin tener programada una hora de llegada a un puerto de entrada, se presumirá que no reúnen los requisitos para obtener asilo, salvo que se aplique una excepción. Si se les expulsa, se les prohibirá volver a entrar en el país durante al menos cinco años y podrán ser objeto de enjuiciamiento penal por intento reiterado de ingreso ilegal.

La transición de vuelta a la tramitación del Título 8 para todas las personas halladas en la frontera será efectiva inmediatamente cuando se levante la orden del Título 42.

Para prepararse para el retorno a la tramitación de los migrantes bajo las autoridades del Título 8, la Administración EE. UU está anunciando amplias medidas adicionales, incluyendo:

• Apertura del primer Centro Regional de Procesamiento (RPC) para orientar a los individuos hacia las vías legales. El Departamento de Estado tiene previsto abrir finalmente unos 100 centros regionales de tramitación en lugares clave del Hemisferio Occidental, y en los próximos días pondrá en marcha una plataforma en línea para que las personas puedan concertar citas para llegar a un centro cercano. Más de 140 funcionarios federales, entre ellos del DHS y del Departamento de Estado, así como funcionarios de la Organización Internacional para las Migraciones y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, están siendo desplegados para apoyar estos centros físicos, que servirán para dirigir a los migrantes hacia vías legales en las primeras etapas de su viaje y mucho antes de llegar a la frontera suroeste. El personal de los Centros Regionales de Procesamiento examinará a las personas para determinar si reúnen los requisitos de Estados Unidos para el reasentamiento de refugiados u otras vías legales de ingreso en Estados Unidos, Canadá y España.
• Desplegar el primer grupo de efectivos adicionales para apoyar a la patrulla fronteriza. Inicialmente habrá 550 efectivos militares estadounidenses que estarán en sus puestos el miércoles para empezar a apoyar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en la frontera suroeste. Se unirán a los 2.500 efectivos de la Guardia Nacional que ya prestan apoyo a la CBP en la frontera. Estos efectivos adicionales prestarán apoyo administrativo en las instalaciones de la CBP en el suroeste. El apoyo incluirá entrada de datos, apoyo de almacenamiento, y aumento de las actividades de vigilancia y detección de la CBP para que sus agentes y oficiales puedan salir al terreno para asegurar y gestionar humanamente la frontera. Los 1.000 efectivos restantes se anunciarán próximamente e incluirán personal del Ejército, la Infantería de Marina y las Fuerzas Aéreas.
• Aumentar recursos para gestionar el aumento de las personas halladas. Para gestionar de forma humanitaria el aumento de las personas halladas, la CBP y la Oficina de Aplicación de la Ley del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) están ampliando aún más la capacidad de detención, incrementando los vuelos de expulsión y trasladando agentes y oficiales a regiones de alta prioridad a lo largo de la frontera suroeste. La CBP ha inaugurado esta semana dos nuevos centros de detención, y la ICE tiene previsto habilitar otras 5.000 camas esta semana. El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) está aumentando su capacidad de camas para prepararse ante un posible aumento del número de menores no acompañados. El DHS también puso en marcha operaciones específicas de aplicación de la ley en regiones de alta prioridad a lo largo de la frontera, incluido El Paso, para procesar rápidamente a los migrantes y que sean sujetos a procedimientos de expulsión. La semana pasada, el DHS también anunció más de 250 millones de dólares en ayuda adicional para las comunidades que reciben a los migrantes.
• Ampliar el acceso a la aplicación “CBP One”. El DHS hará la transición de la aplicación CBP One a un nuevo sistema de programación de citas el 10 de mayo, con el fin de permitir un mejor acceso a este proceso ordenado para solicitar asilo en los Estados Unidos. Bajo el nuevo sistema, los no ciudadanos tendrán más tiempo para solicitar citas y, si se les asigna una cita, tendrán más tiempo para confirmarla. A la hora de asignar las citas, la CBP dará prioridad a los extranjeros que lleven más tiempo esperando. Este cambio dará a los no ciudadanos más tiempo para conocer la aplicación de programación de citas, y por lo tanto ayudar a asegurar que los no ciudadanos con conectividad limitada tengan oportunidades significativas para programar citas para presentarse en los puertos de la frontera suroeste. Además, la CBP también aumentará el número de citas disponibles cada día.
• Emitir nuevas reglas para alentar a los migrantes a utilizar las vías legales. La Administración Biden-Harris ha liderado la mayor expansión de vías legales para la protección en Estados Unidos en décadas. El DHS y el Departamento de Justicia (DOJ) publicarán una norma definitiva para animar a las personas a utilizar esas vías legales en lugar de intentar ingresar en Estados Unidos entre los puertos de entrada sin autorización previa a lo largo de la frontera suroeste. Esta norma es fundamental para crear un proceso ordenado para buscar protección en Estados Unidos en un momento en el que el Congreso se niega a reformar las leyes de inmigración descompuestas o a proporcionar los fondos necesarios para contratar a suficientes funcionarios de asilo y jueces de inmigración para procesar las solicitudes.
• Aumentar los esfuerzos para contrarrestar la información errónea. Los traficantes han intensificado sus esfuerzos para afirmar falsamente que la frontera está abierta con el fin de aprovecharse de los migrantes vulnerables. En respuesta, el Departamento de Estado y el DHS están intensificando sus esfuerzos para contrarrestar esta desinformación, incluyendo el lanzamiento de campañas publicitarias digitales adicionales en América Central y del Sur, y en el Caribe. Esta campaña comunicará claramente que las personas que crucen ilegalmente la frontera suroeste de Estados Unidos se presumirán no elegibles para el asilo bajo las nuevas regulaciones, estarán sujetas a la expulsión acelerada, y se les prohibirá el reingreso a Estados Unidos durante al menos cinco años, si se ordena su expulsión. El Departamento de Estado también está ampliando la información sobre las vías legales de migración y los esfuerzos para abordar las causas profundas de la migración. Esta información se difunde a través de las redes sociales, los periódicos, la televisión y la radio en zonas de alta emigración de toda la región.