HUGO GUILIANI CURY
En el año 2000, se firmó la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional, y el Protocolo para Prevenir, Suprimir y Castigar el Tráfico de Personas, especialmente mujeres y niños. Con tal motivo, el Alto Comisionado para Derechos Humanos elaboró un proyecto de Principios Recomendados y Guía para los Derechos Humanos y el Tráfico de Personas.

Como resultado de las nuevas legislaciones en el ámbito internacional y la vigencia de este tema en la comunidad internacional, los Estados Unidos de Norteamérica aprobaron una ley relativa a la Protección de las Victimas de la trata de Personas. Fue así como se dio inicio a una política de seguimiento y recopilación de información en torno al tráfico a nivel mundial. En consecuencia el Secretario de Estado de los Estados Unidos, a más tardar el 1 de junio de cada año, según lo estipulado por la ley de tráfico, presenta al Congreso de los Estados Unidos un informe por cada país. El reporte cataloga a los países según las tres categorías o Tiers establecidas en la Ley. La primera categoría es para aquellos que aplican correctamente las leyes sobre la trata de personas y cuyos gobiernos cumplen plenamente dichas normas. En la categoría dos estarían aquellas naciones que aplican sus leyes en forma mínima pero cuyos gobiernos hacen esfuerzos por cumplirlas. Mientras que en la categoría tres están aquellos países que no aplican leyes ni hacen esfuerzos en ese sentido. A los países que se encuentren en la categoría tres Estados Unidos puede suspenderles la ayuda no humanitaria y la no relacionada al comercio. Este reporte es elaborado en base a los datos e informaciones que en su mayoría provienen de informes de las ONGs, de las Embajadas de los Estados Unidos alrededor del mundo y de los informes de prensa. Para lograr una buena clasificación en este reporte, los gobiernos deben mantener comunicación constante con la Embajada Norteamericana y el Departamento de Estado. La República Dominicana en los últimos años ha demostrado a los Estados Unidos, su intención de luchar contra el tráfico de personas, lo cual fue materializado por la aprobación en el Congreso de la República Dominicana de una ley contra el tráfico de personas y la creación del Departamento contra el tráfico, el cual fue ubicado en la Procuraduría General de la República. También por las labores de interacción que se realizan entre la Cancillería, la Procuraduría y la Embajada en Washington con el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Igualmente por haber resuelto casos difíciles que estaban pendientes y que afectaban la credibilidad del país en este asunto.

La situación de la República Dominicana desde el inicio de estos reportes (2001) es que ha sido colocada en la categoría número 2. Luego en el 2002 se mantuvo en la categoría 2, pero fue notificada que existían incumplimientos los cuales tendrían que ser mejorados. Posteriormente en el reporte que se publicaría en el 2003, Estados Unidos avisó al gobierno dominicano a través de la Embajada de la República Dominicana en Washington que el país sería colocado en la posición 3.

Dada esta situación, la Embajada Dominicana en Washington hizo un análisis exhaustivo y se movilizó junto a la Cancillería para hacer un informe que contrarrestara la posición Norteamericana. En ese sentido se hizo una exposición de la situación del tráfico de personas en la República Dominicana y los esfuerzos que se estaban realizando para combatir el problema. También se le envió un reporte que indicaba al Departamento de Estados los esfuerzos que el Gobierno de la República Dominicana había realizado para combatir el tráfico de personas durante el 2002. No obstante el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en su informe anual del 2003 se clasificó a la República Dominicana en la categoría 3.

Numerosas diligencias que se hicieron die- ron lugar a que en septiembre 10 del 2003 el Presidente George W. Bush, enviara un memorando al Secretario de Estado, Colin Powell, para que, según lo estipulado en la sección 110 literal (d) número 4, la República Dominicana fuera colocada en la categoría 2. Nuevamente en junio 04, 2005 el Departamento de Estado, en su informe para el año 2004 coloca al país en categoría dos pero bajo vigilancia, ya que no estaba cumpliendo a cabalidad con los estándares mínimos.

Este relato sirve para indicarnos que para mejorar la clasificación en la cual el país ha sido colocado y a la vez poseer los mecanismos y estadísticas que sirvan para mostrar que el país combate el tráfico de personas y aplica las leyes correspondientes se debe hacer lo siguiente:

1. A nivel judicial, aplicar las sanciones previstas por la Ley contra el Tráfico de Personas y llevar las estadísticas correspondientes de forma que estas sean canalizadas a la Cancillería de la República y desde ésta al Departamento de Estado vía su Embajada en Washington. Es conveniente resaltar que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo han hecho lo que le corresponde en este asunto y ahora es el Poder Judicial el que debe actuar según lo establecido por la ley.

2. Es necesario que se celebren reuniones trimestrales entre los funcionarios del Departamento contra el Tráfico de Personas de la Procuraduría, la Cancillería y la Embajada Norteamericana con la finalidad de intercambiar informaciones y comprobar su veracidad. Uno de los problemas que hemos observado en el pasado, es que la Embajada de Estados Unidos envía a Washington informes de periódicos nacionales y de ONG`s radicadas en el país sobre este tema, pero cuyas denuncias muchas veces carecen de una fuerte base de sustentación.

3. El país debe demostrar que no son ciertas las acusaciones de que se utilizan menores en labores agrícolas y la del tráfico de menores desde Haití a la República Dominicana.

4. Finalmente advertir que este es un tema que reviste importancia por diversas razones, entre ellas:

a. El tráfico de personas es un delito que debe ser castigado.

b. La clasificación en categoría tres, es un hecho que podría materializarse el próximo año y afectar la ayuda externa norteamericana.

c. Esa publicación afecta la imagen de nuestro país y hace daño al sector turístico y a las inversiones extranjeras.

d. Por ello se debe, desde ahora, actuar y trabajar sobre los puntos críticos y preparar los informes correspondientes que muestren el trabajo que realiza el país.