POR RAMÓN PÉREZ MINAYA
Después de décadas de crisis permanente en el suministro de energía eléctrica debido a que la oferta siempre estaba por debajo de la demanda, hemos logrado superar el déficit de generación.  Sin embargo, hoy nos encontramos en la paradójica situación que podemos satisfacer la energía requerida, pero no podemos suministrarla debido a que las empresas distribuidoras se encuentran en un tranque financiero: sus cobros son inferiores a los costos de la energía comprada. 

En el Gobierno anterior se acordó un programa de recuperación financiera de las distribuidoras eléctricas dentro  del acuerdo con el FMI, cuya ejecución fracasó con la relampagueante y controversial estatización de las dos empresas distribuidoras de Unión Fenosa, Edenorte y Edesur. Una vez las empresas estuvieron en manos del Gobierno, pasó con lo que tenía que pasar: las nóminas se abultaron con los compañeros del “partido” y la recuperación nunca fue posible.

Con el advenimiento del nuevo Gobierno se llegó a un nuevo plan de recuperación financiera con el FMI que parecía mejor concebido que el anterior.  Las propias empresas establecieron sus metas de mejoramiento y, mediante fuentes específicas de financiamiento internacional, se definió el monto de  la ayuda estatal, incluso se acordó un plan de racionamiento de la energía eléctrica en base a un 70% de la demanda.

A pocos meses de su inicio, el Plan también fracasó: los compañeros del “partido” engrosaron el personal de las empresas, no se alcanzaron las metas de recuperación de los cobros ni  las de disminución de las pérdidas y el financiamiento  internacional no funcionó  como estaba previsto.

¿Cómo se explica este resultado? Hay algunos aspectos que resultan evidentes. De acuerdo con los expertos, el mejoramiento de una empresa distribuidora de energía eléctrica de un país subdesarrollado, es un asunto muy complejo, entre otras cosas exige un adecuado manejo de las relaciones con el cliente, con claras implicaciones sociales y políticas, así como la supervisión mantenimiento de las redes eléctricas y de numerosos equipos pequeños de medición diseminados en un extenso territorio. En el caso nuestro, entre otras cosas se deben normalizar más de 800,000 usuarios ilegales.

Si es cierto que rehabilitar una empresa de distribución eléctrica en un país como el nuestro es una tarea de enormes dificultades, entonces era fácil anticipar el fracaso del  programa de recuperación de las distribuidoras estatales.

Efectivamente, si analizamos la estructura de administración, encontramos que el control virtual de las empresas lo ejerce la llamada Comisión de Energía integrada por funcionarios del Gobierno, la cual sugiere las grandes decisiones, mientras que la administración de la entidad está a cargo de funcionarios, que han sido designados, entre otras cosas, por sus méritos políticos. En el medio de estos dos niveles de mando, existe un Consejo de Administración, que posiblemente tiene escasas ingerencias en las decisiones de la empresa.

No es necesario ser un Peter Drucker para concluir que semejante esquema de administración no podía ejecutar el desafiante programa de recuperación de Edenorte y Edesur. Una adecuada estructura administrativa no garantiza buenos resultados, pero una mala estructura administrativa garantiza el fracaso.

Ante el nuevo tranque eléctrico, ahora tenemos que se va realizar otro experimento para tratar de reorganizar la administración: se contratarán unos cuantos expertos internacionales para que cada uno de ellos, por separado, se haga cargo de las principales áreas administrativas de la empresa.

Las cosas quedarán de la forma siguiente: la Comisión seguirá como organismos superior y la administración de las empresas recaerá en forma difusa en varios expertos internacionales. En el medio de la Comisión y el grupo de expertos internacionales se quedará el débil y politizado Consejo de Administración. Esta estructura administrativa con una confusa línea de mando, propicia los conflictos entre directivos.

Nadie debe sorprenderse si este nuevo experimento no funciona.

De acuerdo con las opiniones de gente avezada en el tema, las empresas no pueden privatizarse de nuevo debido a la deteriorada situación en que se encuentran, por lo que se  hace necesario definir un esquema viable de administración.

En este caso, lo que parece más aconsejable es ir por el camino seguro, o sea, abandonar los experimentos y adoptar la estructura administrativa que normalmente se estila en el sector privado.

Es decir, designar un Consejo de Administración con personas independientes y experimentadas  en el mundo empresarial que, entre otras cosas, neutralice toda influencia política. De esta forma el  Consejo contrataría algún experto internacional de comprobada experiencia para entregarle la responsabilidad de la administración de la empresa. El administrador, a su vez, seleccionaría, en consulta con el Consejo, el grupo directivo. Así es que se procede normalmente en el sector privado. Quizás no sea el mejor de todos los sistemas, pero no hay dudas de que ha funcionado en muchas ocasiones.

Una estructura de esta naturaleza podría ganar la confianza del sector financiero privado,  y haría posible que las distribuidoras estatales, al igual que las empresas normales, se financien con la banca. De esta forma, incluso, se aliviaría la carga fiscal que éstas representa para el Gobierno,

La Comisión por su parte, le daría un atento seguimiento al desenvolvimiento de la ejecución y mantendría debidamente informado al Presidente de la República. ¿Por qué hacer las cosas “casi” bien, si se puede hacerlas bien desde un inicio?

Es necesario ir a las soluciones más seguras. Después de todo, ni los recursos ni el tiempo político son ilimitados. Se debe, cuanto antes a empezar a mostrar alguna mejoría en el sector eléctrico.

LA SOLUCIÓN INSÓLITA

Actualmente se reconoce que el país dispone, por el momento, de la capacidad requerida para satisfacer la demanda de generación de energía eléctrica y que el tranque consiste en que las distribuidoras no pueden recuperar el costo de la energía comprada.

En medio del fracaso en la implementación del plan de recuperación de las empresas distribuidoras estatales que no han podido cumplir con las metas de reducción de pérdidas y mejoramiento en los cobros, la Comisión de Energía sorprendió a la opinión pública, cuando anunció lo avanzadas que estaban las negociaciones para instalar en el país dos enormes plantas de generación de energía en base a carbón. 

Esta iniciativa queda justificada en la necesidad de reducir los precios de generación. Este es, evidentemente, un objetivo deseable, sobre todo ante la escalada de los precios internacionales del petróleo. Pero pierde sentido debido a que aunque se genere la energía a más bajo costo, no aumentarán los cobros ni se reducirán las pérdidas.

Peor aún, el estado tendría que  distraer, para resolver un problema que no existe, los recursos requeridos para la solución de los de los problemas de las distribuidoras. Posiblemente más de US$400 millones.

Afortunadamente el Presidente de la República anunció que había descartado el proyecto de las dos nuevas plantas a carbón, demostrando, una vez más, que él es la mejor cabeza del equipo del Gobierno.

¿Cómo puede explicarse esta extraña iniciativa? Lo único que se puede decir, es que es muchísimo más fácil, negociar “grado a grado”, a espaldas de las leyes y las  normas vigentes, la instalación de una planta eléctrica, que resolver el intrincado problema de la distribución eléctrica.

EXPERIENCIA ALECCIONADORA

En cierto sector de Santiago de Chile, existía una situación muy deteriorada en la distribución y cobro de la energía eléctrica, semejante a la que confrontamos nosotros en el país.

Mediante el proceso de privatización, un grupo de jóvenes gerentes asumieron el reto de hacer eficiente la gestión de distribución y cobro de la energía en dicho sector.

En cuestión de unos años, los resultados fueron altamente positivos y el grupo de jóvenes empresarios decidió asumir nuevamente la misma responsabilidad, pero esta vez en la Ciudad de Buenos Aires. Ellos entendieron que una forma eficiente para enfrentar los diversos y disímiles problemas que son inherentes a estas empresas, era diseñar proyectos específicos para cada área, los cuales ponían bajo la responsabilidad de un funcionario y luego les daban seguimiento a  los resultados. 

Con el nuevo éxito en Buenos Aires se trasladaron a Lima, luego a Brasil y finalmente llegaron con su tecnología administrativa a Colombia. A todas esas empresas en diferentes países que eran deficitareas e inmanejables las convirtieron en negocios rentables. Para culminar su proeza empresarial vendieron el conglomerado internacional que ellos habían creado por una suma fabulosa.

No hay dudas de que se trata de una experiencia alentadora de la cual hay mucho que aprender. Entre otras lecciones, se desprende que esto es un asunto que toma años y que no permite mucho margen para el error.

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(Información obtenida en la presentación de Jaime Moreno, Santo Domino, 2004)
El autor es economista