El Tribunal Constitucional

JOTTIN CURY HIJO
No pocos juristas abogan entre nosotros por crear una Sala Constitucional dentro de la Suprema Corte de Justicia, argumentando que así se evitarían eventuales conflictos entre las decisiones del Supremo Tribunal y una eventual Corte Constitucional que funcionaría de manera independiente. Conforme a este criterio, se mantendría mayor uniformidad y armonía en las decisiones relativas a la constitucionalidad de las leyes, en razón de que no habría fricciones entre dos tribunales que funcionarían con autonomía propia.

Semejante razonamiento no justifica en modo alguno la incorporación de una sala con atribuciones constitucionales dentro de la actual SCJ. Todos los países avanzados que han adoptado el modelo de la democracia representativa, la cual descansa a su vez en la división tripartita de los Poderes del Estado, han creado su jurisdicción constitucional independiente de la judicial. Francia, España, Alemania y casi todos los demás estados europeos continentales tienen sus tribunales constitucionales claramente distanciados y diferenciados de la jurisdicción judicial.

El Magistrado de la Audiencia Nacional de España, José Luis Terreros Chacón, en una conferencia que dictó en nuestro país en agosto del 2002 nos enseña: “La referencia hecha al Poder Judicial y a sus órganos de gobierno tiene como principal objetivo distinguirlo del Tribunal Constitucional, por cuanto en el sistema español el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial, ni está integrado en su estructura funcional o gubernativa.

El Tribunal Constitucional se configura como un Órgano Constitucional independiente del resto de los Poderes del Estado y sometido exclusivamente a la Constitución y a su normativa orgánica.” En tal sentido, es claro que siendo la Constitución la norma suprema en todos los estados democráticos modernos, conviene apartar el elemento político que le es inherente de la jurisdicción judicial, la cual debe limitarse únicamente a conocer de los litigios entre particulares.

Además, separando el Tribunal Constitucional de los tribunales ordinarios se evitaría la confrontación entre los diversos Poderes del Estado, lo que desafortunadamente ocurre constantemente entre nosotros cuando la SCJ declara la inconstitucionalidad de un decreto, o como ha sucedido en el pasado, cuando nuestro máximo Tribunal se ha arrogado la facultad de declarar la inconstitucionalidad de un proyecto de ley, atribuyéndose arbitrariamente un control preventivo de la constitucionalidad que no existe en nuestro país. Más claramente, adoptando el modelo propio de todas las legislaciones avanzadas que tienen su jurisdicción constitucional claramente diferenciada de la judicial, se respetaría el principio de la separación de los poderes y nos ahorraríamos las continuas intromisiones de un Poder del Estado sobre las atribuciones exclusivas de otro.

En ese orden de ideas, el magistrado Terreros Chacón apunta: “Frente a los sistemas propios del Derecho anglosajón, implantado en algunos países americanos, en los que el control de constitucionalidad queda en manos de los Jueces y Magistrados que integran el Poder Judicial, en los estados europeos continentales es frecuente que el citado control se atribuya a un órgano específico, independiente del Poder Judicial. El legislador constituyente español siguió este último modelo, y tomando como referencia el sistema francés y alemán, atribuyó el control último de constitucionalidad a un órgano jurisdiccional específico y diferenciado de los propios del Poder Judicial. Este órgano es el Tribunal Constitucional”. Más todavía, la mayoría de los países sudamericanos como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú tienen su Tribunal de Garantías Constitucionales funcionando al margen del Poder Judicial.

En un anteproyecto de reforma constitucional impreso en abril del 2001 por el Consejo Nacional para la Reforma del Estado (CONARE), se concibió en su artículo 86 un Tribunal Constitucional que funcionaría al margen de la SCJ y que además conocería “en única y última instancia de la constitucionalidad de las leyes, decretos, resoluciones, reglamentos o actos, o parte de los mismos, a instancias de la Función Ejecutiva, de uno de los presidentes de las Cámaras del Congreso Nacional o de parte interesada.” A mi juicio, este anteproyecto resolvería el conflictivo problema de otorgarle potestades excesivas al Poder Judicial.

Todos los países que han instituido la jurisdicción constitucional le otorgan a ésta el monopolio exclusivo para conocer de la constitucionalidad de las disposiciones normativas con rango de ley, razón por la cual se les impide a los jueces del orden judicial pronunciarse sobre estos asuntos. Por tanto, no es cierto que puedan suscitarse dificultades entre un Tribunal Constitucional y nuestra SCJ si se le sustrae a esta última el control concentrado de la constitucionalidad que actualmente posee y se les impide a los demás jueces el control difuso o por vía de excepción.

Y cuando en el discurrir de un proceso judicial se suscite una cuestión de inconstitucionalidad, lo que se impone es el sobreseimiento de lo principal hasta que se dicte sentencia sobre el aspecto relativo a la constitucionalidad. Insistir, repito, que incorporar una Sala Constitucional dentro de la SCJ sobre la base de que esto evitaría confrontaciones, es un despropósito. Los franceses, por su parte, han instituido un Consejo Constitucional compuesto por nueve jueces, de los cuales tres son nombrados por el Presidente de la República, tres por el presidente del Senado y los tres restantes por el presidente de la Asamblea Nacional.

Las principales atribuciones del Consejo Constitucional francés son el control de la constitucionalidad de las leyes, el de las elecciones presidenciales y legislativas y los referéndums, además de intervenir en el funcionamiento de ciertas instituciones. Es obvio que se trata de un órgano especializado e independiente del Poder Judicial. Y así podríamos citar una gran cantidad de legislaciones avanzadas que han articulado su jurisdicción constitucional al margen de los tribunales ordinarios y los órganos administrativos. Entre nosotros se impone organizar tanto la jurisdicción administrativa como instituir un Tribunal Constitucional que funcione con independencia y cuya misión esencial sea la de velar con carácter de exclusividad por la constitucionalidad de las leyes.

Si en esta reforma constitucional que se avecina logramos ambos objetivos, habremos dado un gran paso de avance en la consolidación de nuestras instituciones democráticas. Esperamos que la sensatez prevalezca, para que no sucumbamos fruto de la ambición desmedida de sectores que han logrado adormecer a la opinión pública con una avasallante propaganda mediática.