EFE 
Sao Paulo.- El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Brasil negó hoy un nuevo pedido de libertad para Luiz Inácio Lula da Silva y cuestionó la competencia del juez que el pasado domingo ordenó sin éxito la excarcelación del expresidente brasileño.
La presidenta del TSJ, Laurita Vaz, negó un “habeas corpus» presentado por un abogado no vinculado al equipo de defensa del exmandatario, quien se encuentra preso desde abril para cumplir una condena a 12 años y 1 mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero.
El TSJ señaló en un comunicado que en los últimos dos días recibió 145 “habeas corpus” presentados por personas que no forman parte de la defensa técnica de Lula, cuya libertad fue centro el domingo de una batalla jurídica entre dos jueces.
Las divergencias surgieron cuando el juez Rogério Favreto, de guardia ese fin de semana en el Tribunal Regional de la Cuarta Región (TRF-4), aceptó un “habeas corpus” presentado en favor de Lula por un grupo de diputados y ordenó su “inmediata» excarcelación.
La decisión de Favreto fue anulada horas después por el magistrado João Gebran Neto, instructor del caso Lava Jato en el TRF-4, corte que condenó a Lula en segunda instancia de forma colegiada a 12 años y 1 mes de prisión.
No obstante, Favreto insistió y dictó un segundo auto ordenando otra vez la excarcelación e instó a la Policía Federal a cumplirlo el mismo domingo, aunque la autoridad no actuó debido al conflicto entre las decisiones de los dos jueces.
El asunto fue finalmente zanjado por el presidente del tribunal TRF-4, Carlos Thompson Flores, quien determinó que ante el conflicto de competencias valía la decisión de Gebran Neto.
En el auto publicado hoy, la presidenta del TSJ cuestionó la competencia de Favreto, como juez de guardia, para ordenar la libertad de Lula.
Para Vaz, la decisión de Favreto de conceder la libertad de Lula basándose en un supuesto “hecho nuevo”, al citar su precandidatura a la Presidencia de la República, es “inusitada” y “anormal” y supone una falta de respeto a la decisión tomada por otros tribunales, entre ellos la Corte Suprema.
En 2016, el Supremo autorizó de manera cautelar que una sentencia pueda ser ejecutada una vez agotadas todas las apelaciones en segunda instancia y aun cuando haya posibilidades de otros recursos en cortes superiores, lo que fue refrendado este año en una nueva votación de dicho tribunal tras la condena de Lula.
La jueza Laurita Vaz señaló que la decisión del juez de guardia causó “perplejidad” y una “intolerable inseguridad jurídica”, al “forzar la reapertura de una discusión cerrada en instancias superiores».
