La arrolladora ola generada por la valiente y controversial sentencia del Tribunal Constitucional (TC), estableciendo los reglamentos de los que pueden optar por la nacionalidad dominicana, ha adquirido tal magnitud de repudio y apoyo que incluso podría ser previsible que, una vez más, volveríamos los dominicanos al servilismo de aceptar imposiciones, metiéndonos la lengua en donde la espalda pierde su nombre en todo lo relativo a lo que fuera ofensivo a nuestros sensibles vecinos isleños.

Por años, los haitianos han jugado a las simpatías y apoyo que reciben de Estados Unidos, Francia y Canada para hacerse los valientes y humillar a los dominicanos, incluso poniéndoles condiciones para las ventas millonarias que se realizan a través de la frontera hasta con prohibiciones insólitas, y ellos presentarse más ordenados y sanitariamente más pulcros que los dominicanos.

No resultó extraño ver la reacción de las autoridades haitianas con la sentencia del TC, ya que apostaban que, algún día no muy lejano, se les concedería la nacionalidad dominicana a todas sus gentes, que ilegalmente residen por años en el territorio dominicano, no importando lo establecido en su Constitución de que su nacionalidad no se pierde y es irrenunciable.

Entonces, aquí el ruido se ha tornado ensordecedor, pretendiendo apabullar a los temerosos funcionarios dominicanos, que ahora han intentado ponerse los pantalones y hacer valer los derechos dominicanos de defender su soberanía, y a la vez establecer una jurisprudencia que hacía falta, para que una vez por todas, erradicar las facilidades con que los haitianos obtienen los documentos por medios fraudulentos en combinación con empleados de la Junta Central Electoral en las demarcaciones fronterizas, asegurándoles su existencia legal en territorio dominicano.

Las numerosas organizaciones particulares, que se nutren de los fondos de entidades norteamericanas y europeas, se han convertido en las abanderadas de la causa haitiana por la nacionalidad dominicana, y conociendo lo irrevocable de la sentencia del TC, procuran provocar en el país una ola de opinión dirigida para que surja una amnistía parida por el Poder Ejecutivo y el país se retracte de la sentencia, para establecer las bases definitivas de una minoría que, en menos de dos generaciones, pudiera tener poder de decisión para elegir a nuestros mandatarios.

Las autoridades haitianas están jugando a los chantajes más variados y arriesgados, conociendo la inutilidad e incapacidad de los diplomáticos y funcionarios criollos, que ya los han puesto a prueba cuando un grupo de ministros dominicanos fue en peregrinación a Puerto Príncipe a pedirle cacao a los haitianos cuando decretaron la veda de los pollos y huevos, y más luego los plásticos, aun cuando existe la prohibición, en la práctica no se observa.

Hay sectores de ambas naciones que se benefician del comercio insular, tanto contratistas como industriales que han convertido sus negocios en fuente nutricia para sus fortunas, respaldando a determinados políticos haitianos, los cuales en las circunstancias de tensiones en las relaciones bilaterales se mantienen al margen, mientras prosiguen sus labores de fortalecer sus negocios.

Mientras tanto, prosigue el escaso interés de parte de las autoridades haitianas de impulsar con seriedad el proceso de identificación a sus nacionales, y se empantanan los esfuerzos de organismos internacionales de proveerle una identidad oficial a todos los haitianos, de forma que se normalice la abismal irregularidad de no poseer ningún documento de identidad que les permitiera hacer menos traumático su inmigración ilegal hacia Dominicana.

La sentencia del TC abre las posibilidades para llegar a un acuerdo migratorio, llevando orden a un proceso de migración humana, hasta ahora indetenible, desbordando nuestras costas cuando los haitianos prefieren, en lugar de viajar hacia la Florida cruzando el Atlántico, llegar a Puerto Rico en yolas desde las playas orientales, trasiego en que los dominicanos son expertos desde hace años.