Por dos vías, hasta el momento, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ha sido apoderada de sendas instancias en las que se le solicita decidir sobre la constitucionalidad del controversial convenio de financiamiento por US$130 millones, suscrito por el Gobierno dominicano con la firma Sun Land.

 Las instancias han sido elevadas por el Foro Social Alternativo (FSA) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), dos organizaciones contestatarias al Gobierno que encabeza el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Hay muchos puntos oscuros en esta contratación de deuda externa, el primero de los cuales sería el hecho de que el Poder Ejecutivo omitió el procedimiento constitucional que obliga a someter a la consideración del Congreso los compromisos de deuda externa.

Un fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre las instancias sometidas permitiría, entonces,  dilucidar otros puntos oscuros de este modelo de contratación:

-Falta de concurso público para la contratación de las obras.

-Falta de detalles sobre la naturaleza de las obras a construir.

-Falta de presupuesto de cada una de las obras.

-Falta de detalles acerca de los intereses del financiamiento.

-Falta de una explicación acerca de la reducción a cinco de las once obras contratadas inicialmente.

-Falta de detalles sobre posibles comisiones pagadas.

-Curso seguido por los pagarés firmados por un funcionario gubernamental a nombre del Estado dominicano.

-Destino actual de los US$130 millones.

No hay duda de que el fallo de la Suprema Corte de Justicia sería un buen punto de partida para dilucidar tanta falta de transparencia.

Colegios en defecto

La Secretaría de Estado de Educación ha dicho que al menos 2,000 colegios privados, de 3,416 censados el año pasado, han recibido advertencia de que podrían ser cerrados por no llenar los requisitos mínimos de funcionamiento.

Esta información revela una situación sumamente grave, si se toma en cuenta que los colegios privados actúan por la libre en materia de tarifas y también de los salarios que pagan a su personal docente, lo que hace injustificable que no puedan apegarse a los requisitos didácticos mínimos.

Para agravar las cosas, la enseñanza pública también deja mucho que desear y sería interesante que un censo con la finalidad del que se aplicó a los colegios privados sea también aplicado a los planteles públicos.

Sin embargo,  a menos que se trate de casos extremos de violación de requisitos, se debería evitar en lo posible cerrar colegios privados sin poner al alcance de los estudiantes y sus familias, alternativas evitar que interrumpan sus estudios.

El cierre de un colegio privado sin poner a disposición de sus estudiantes alternativas de continuidad en el estudio ocasionaría perjuicios más graves que los que se pretende solucionar.

Debe mantenerse una supervisión estricta y permanente sobre los colegios que estén en falta, para forzarlos a que se pongan al día con los requisitos mínimos, evitando hasta donde sea posible tener que clausurarlos.