Las elecciones del próximo domingo son las últimas elecciones congresuales y municipales que se celebran separadas de las elecciones presidenciales. A partir de 2016, las elecciones congresuales serán efectuadas conjuntamente con las presidenciales  el tercer domingo de mayo y las municipales el tercer domingo de febrero del mismo año.

Esta unificación de las elecciones es negativa en la medida en que impide el surgimiento de liderazgos locales, al margen de los partidos nacionales y de los  candidatos presidenciales, pero lamentablemente la misma fue defendida por los partidos y por gran parte de la sociedad civil que alegaban la excesiva politización y el gran gasto público que las elecciones separadas generaban. Solo voces solitarias defendieron el modelo de elecciones separadas, entendiendo que la democracia electoral conlleva costos económicos y que era perfectamente posible limitar el gasto en las campañas electorales.

La necesidad de unificar las elecciones, la inconstitucionalidad de una eventual extensión de los mandatos legislativos y municipales para lograr dicha unificación y la negativa de los partidos a involucrarse en una campaña para elegir representantes con un mandato de dos años –de modo que la unificación se lograse en el año 2012-, movió a la Asamblea Revisora a establecer un mandato excepcional de seis años, el cual, en gran medida, es el causante de la extraordinaria efervescencia partidista generada por el presente torneo electoral. Pero esto es llover sobre mojado: lo importante ahora es resaltar la trascendencia de las próximas elecciones.

 El dogma asumido con fe ciega por la gran mayoría de los analistas es que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) arrasará en estas elecciones. Se dice que no solo dominará absolutamente el Senado sino que también logrará una supermayoría en la Cámara de Diputados, lo que conduciría a un modelo de si no de partido único por lo menos de partido hegemónico o dominante. Sin cuestionar la fortaleza electoral del PLD, cuyo crecimiento en los últimos 15 años es más que notable, creo, sin embargo, que tanto la lógica del sistema electoral proporcional como el ordenamiento constitucional consolidarán un sistema bipartidista que obligará necesariamente al PLD a pactar con el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) las más importantes reformas legales -que requieren el voto favorable de las 2/3 partes de los presentes en ambas cámaras legislativas- y la designación de las altas cortes (Tribunal Constitucional, Suprema Corte de Justicia y Tribunal Superior Electoral).

Bajo el liderazgo metódico y coherente de Miguel Vargas, el PRD, que emergió muy debilitado de las elecciones de 2004 y 2006 y no obstante unos difíciles procesos convencionales, se ha fortalecido, lo que explica, en gran medida, el intenso involucramiento del Presidente Leonel Fernández en el apoyo a unos candidatos que, sin el peso extraordinario del liderazgo presidencial, no estuviesen en posición de competir ventajosamente con los del PRD. El éxito del PRD hay que medirlo entonces a partir del hecho de que, pese a este involucramiento presidencial y siendo conservadores, mantiene o sobrepasa a nivel nacional el 40% del voto alcanzado en las elecciones de 2008.  Lógicamente el PRD no será opción de poder en 2016 si no se continúa e intensifica la unificación interna, para lo cual es crucial la acción mancomunada de los grandes y vitales liderazgos del partido, como ya comenzó a manifestarse positivamente en la actual campaña electoral. 

Finalmente, ha sido muy notoria la inequidad electoral en esta campaña, como demuestran la politización de la asistencia social y el avasallamiento mediático y publicitario del PLD. Por eso, si queremos consolidar un sistema electoral realmente competitivo y lograr que, como quiere la Constitución, los partidos contribuyan “en igualdad de condiciones, a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana” (art. 216.2), hay que tomar medidas legislativas urgentes, tendentes a lograr dicha igualdad mediante la limitación de los gastos e ingresos electorales, la igualdad de acceso y el pluralismo de los medios de comunicación, y la neutralidad total del Estado en la campaña electoral.  A fin de cuentas, el verdadero problema no es que un partido domine electoralmente, porque ello es sencillamente expresión de la voluntad popular, sino que eso se logre anulando la necesaria igualdad de oportunidades en las competiciones electorales.