El último dominicano ejecutivo

El último dominicano ejecutivo

GUSTAVO GUERRERO
Hubo un Julio González de humilde extracción social -y no Julio González Herrera nuestro colosal poeta- que acaparó la crónica roja dominicana abarcando los extremos impresionantes de la criminología. Este hombre de una mente errática, se proyectó dentro de las fuerzas negativas que llevan a los mortales hacia el homicidio. Impulsado por la codicia -o tal vez por la miseria- mató en San Pedro de Macorís a un buhonero árabe para robarle.

Su nombre alcanzó repercusión por este hecho. Está inscrito en las páginas criminológicas nacionales por ser el último condenado a muerte y ejecutado en 1923, antes de que se aboliera esta penalidad de la Constitución en 1924.

Está ligado su nombre a la insólita sentencia de ejecutarlo en el mismo sitio donde cometió el crimen. Aquella aparatosa arbitrariedad y desconcertante medida, constituyó un espectáculo de circo de mal gusto al congregarse en el sitio de la ejecución una multitud morbosa para presenciar los últimos instantes de vida del reo. Y para ver, como ya se había anunciado, como la viuda del asesinado buhonero se sentaba con sus hijos en el ataúd que encerraba los restos mortales de Julio González, dando  una demostración, en esta forma, del odio incontenible que la embargaba.

Este acontecimiento promovió una campaña de repudio en la prensa nacional, determinante para que se reformara la Constitución en el sentido de suprimir la pena de muerte. E n vez, de esta radical sentencia, se pedía la de 30 años de trabajo públicos para los culpables de asesinato, determinado crímenes contra la seguridad interior y exterior del Estado, parricidio, infanticidio, envenenamiento e incendio de casa habitada.

Por la presión de los órganos de comunicación escritos quedó constituida la Asamblea Constituyente en 1924 en el mes de junio. Se abolió la pena de muerte no sin antes haberse suscitado acalorados debates.

Es importante señalar los diputados a la Asamblea Constituyente que se esforzaron por abolir la pena de muerte y los que se empecinaron en mantenerla.

Entre los primeros estaban el doctor W. A. Garrido, Diógenes del Orbe, L. Garrido Puello, Aquilino Grullón H., Enrique García Godoy, Tomás Canó Soñé, doctor Rafael Minaya, Rafael García, Martínez hijo, Arturo Patroxt.., licenciado Abigail Montás, Manuel de Jesús Matieux, José A. Guzmán, Rafael Rojas, Plinio A. Pina, Teódulo Pina Chevalier, Manuel de Jesús Bonó, P. Holguin Veras, y Julio O. Matos.

Entre los segundos: licenciado Francisco Alvarez, Licenciado J. Humberto Doucoudray, licenciado Federico C. Alvarez, licenciado  Félix Servio Doucoudray, licenciado Francisco Honorio Reyes, licenciado Apolinar de Castro Peláez, licenciado Joaquín M. Alfau, doctor Wenceslao Medrano y Federico Fiallo.

Los artículos periodísticos que más hondamente calaron la opinión pública inclinándola a la abolición de la pena de muerte los escribió el licenciado Nicolás Pichardo titulados «Etiología del Crimen», donde expuso con un talento extraordinario y una capacidad jurídica excepcional, una serie de válidas consideraciones para la eliminación de esta radical medida de Nuestra Carta Magna.

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