A la sociedad dominicana debería constarle que el Ministerio Público hurgó con minuciosidad sobre el rastro de documentos para conformar acusaciones de corrupción que escandalizan y es inevitable que prosiga hacia su meta de demostrar ante jueces que ocurrieron excepcionales violaciones a la ley y a los procedimientos administrativos desde posiciones de poder que habrían derivado en enriquecimientos ilícitos.

El sustrato político de los involucrados en supuestos delitos de peculado explica el que desde su origen partidario se atribuyan manipulaciones e intenciones de descrédito hacia una bandería de prominencia. Es su derecho.
No obstante, las denuncias formuladas desde la tribuna conectada con los cargos, y en libre debate sobre las funciones judiciales, no aparecen hasta ahora validadas por la solidez de evidencia y testimonios de entes relevantes e independientes del derecho.

Otros puntos de vista sin esa connotación, y que reconocen a los acusadores como independientes del presidencialismo tradicional, predominan en sectores de opinión pública llenos de preocupación y de interés por ver que se establezcan responsabilidades sobre hechos de suma gravedad.

Cabe abogar desde todos lados, y sin presiones injustificadas, por una estricta adhesión a normas y procedimientos del orden jurídico y porque las investigaciones previas a inculpaciones no excluyan ninguna gestión gubernamental reciente ni a la presente.