La sociedad dominicana tendrá que emplearse a fondo para hacer que cobren vigencia  los valores éticos y morales en el ejercicio del poder.

Tiene que trabajar para impedir que se pase por alto el sometimiento tardío al Congreso del proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, y para censurar, con igual fuerza, que el Poder Legislativo renuncie a sus facultades de modificar ese proyecto por sumisión a una línea política definida.

Es necesario colocar en la agenda social la adopción de definiciones precisas que hagan más tangible la diferenciación entre el acto oficial y el de campaña, sobre todo cuando está de por medio el uso y entrega de recursos del Estado.

Hay que trabajar para evitar que por mero capricho se deje sin recursos suficientes a instituciones con tareas puntuales e importantes, vinculadas con el ordenamiento institucional del Estado.

 De la misma manera, hay que encaminar esfuerzos para evitar que el poder represivo del Estado suplante al Poder Judicial en el castigo del delito, y que siga valiéndose para esos fines de métodos tan extremos y desautorizados como la supresión de la vida de supuestos o reales delincuentes.

Es urgente que el país ponga en agenda estos temas puntuales porque, de no hacerlo, corremos el riesgo de que las instituciones sean definitivamente suplantadas por las camarillas.

Mea culpa

El director de la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción, doctor Octavio Lister, ha hecho otra exhibición de impotencia o ha invocado un mea culpa cuando, en una declaración de prensa, ha culpado a los partidos políticos porque en el país no se enfrenta la corrupción.

Desde la caída de Rafael Trujillo hasta ahora, solo tres partidos políticos  han gobernado este país, y los tres, incluyendo por supuesto al Partido de la Liberación Dominicana, se han comprometido a enfrentar la corrupción.

Semejante confesión pone nuevamente en tela de juicio la seriedad del ejercicio político por parte de los partidos tradicionales en la República Dominicana.

En esta oportunidad -cuando gobierna el PLD- no ha sido distinto de las ocasiones en que gobernaron los partidos Reformista Social Cristiano y Revolucionario Dominicano.

Una vez en el poder, cada uno de estos partidos ha tenido sus corruptos predilectos, los han llevado a la justicia y los expedientes, salvo escasas excepciones, han terminado diluyéndose en debates estériles o en sentencias risibles.

 La lucha contra la corrupción ha sido en nuestro país una caricatura, un argumento de campaña electoral, una burla y, como no, una vía para aumentar burocracia y justificar sueldos pagados por el erario.

Expresiones como las de Lister, emitidas precisamente desde una instancia cuya misión y especialidad es combatir la corrupción, tienen un sabor amargo para una sociedad que ha creído más de lo prudente en las promesas y mea culpa de los políticos del patio.