La incidencia de feminicidios en el tramo final del 2023 expone nueva vez la debilidad de dispersas e imprecisas políticas públicas llamadas a prevenir la violencia de género cuyos signos precursores son ignorados por potenciales y desinformadas víctimas no existiendo desde el Estado suficientes opciones (refugios) para escapar de sañas asesinas. La brutalidad física y psicológica contra las mujeres no enfrenta en este medio una atención preferencial e instantánea de la fuerza pública a las querellas y denuncias de mujeres puestas en zozobra por amenazas y tentativas procedentes de parejas y exparejas. Propósitos de severos daños o de atentados a la vida, palpables por asechanzas y acosos que la ley debe castigar con penas equiparables a la plena consumación del hecho.

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Con lo cual muchas trágicas y alevosas decisiones encontrarían un muro de contención que por no existir, tiene puestos al presente mes en 57 los hechos sangrientos que generan orfandad en República Dominicana en la misma proporción que en años anteriores. Alta pero no absolutamente confiable porque los mecanismos de tipificación de actos violentos no garantizan un registro cabal del azote machista en esta sociedad: Y todavía más: la ausencia de una ley integral de protección a la mujer pendiente de aprobación resulta una inexcusable negación de reparaciones y desagravios a los daños que los ensañamientos de género infligen a personas y sus descendencias.