Limbo jurídico/laboral

Siempre se ha dicho que República Dominica figura entre los países con más leyes y reglamentos. Pero también se afirma que es el país donde más se violan estos importantes mecanismos legales, los cuales son una garantía para que las sociedades funcionen amparadas en un verdadero Estado de derecho.

Un ejemplo fehaciente de que en la sociedad dominicana existe una cultura muy arraigada de irrespeto a las leyes y normas, es el caso omiso que muchos funcionarios de la administración pública han hecho a las disposiciones establecidas en Ley No. 41-08 de Función Pública. En dicha ley se establece, entre otras importantes disposiciones, la implantación de la Carrera Administrativa, a través de la cual el Estado dominicano busca mejorar la calidad humana y profesional de los servidores públicos. 

Esta ley fue promulgada el 16 de enero de 2008, con el objetivo de regular las relaciones de trabajo de las personas designadas por autoridad competente para desarrollar los cargos presupuestados para la realización de funciones públicas en el Estado, los municipios y las entidades autónomas en el marco de profesionalización y dignificación laboral de sus servidores.

Son muy pocas las instituciones públicas centralizadas y descentralizadas que están aplicando la Ley 41-08. La mayoría de ellas continúan funcionando con estructuras, descripción de puestos y reglamentos de personal diferentes a los contemplados en dicha ley. Esta situación está provocando que un segmento importante de los servidores públicos se encuentre desprotegido, es decir, en un limbo jurídico.

Lo lógico y racional sería que el Ministerio de Administración Pública (MAP) haga valer sus funciones como organismo rector, mediante una supervisión más eficiente y continua en las instituciones autónomas y descentralizadas.