La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) y la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) son entidades del Estado dominicano cuyas funciones principales consisten en promover, educar, informar, orientar, regular, controlar y supervisar todo lo concerniente al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS). Pese al rol estratégico de la DIDA y de la SIPEN, nunca antes como ahora estas instituciones habían estado tan lejanas de los intereses y necesidades de los beneficiarios de la seguridad social.

A los directivos, ejecutivos y gerentes de la DIDA y de la SIPEN les ha faltado creatividad y credibilidad para buscar y obtener los recursos financieros, humanos y tecnológicos que se requieren para diseñar, producir y difundir campañas comunicacionales institucionales, que faciliten orientar continua y efectivamente a los afiliados del SDSS, acerca de sus deberes y derechos con la seguridad social.

Por su naturaleza, la DIDA y la SIPEN deberían estar entre las instituciones del Estado dominicano con más y mejores mecanismos de cercanía a la gente. Además, sus CEO deberían ocuparse muchísimo más por la calidad y cantidad de las informaciones que requieren los afiliados del Sistema Dominicano de Seguridad Social.

Parecería que los funcionarios de la DIDA y de la SIPEN están sordos y mudos. Ellos no hablan en los debates públicos sobre la reforma integral a la Ley 87-01. Estas entidades carecen de mecanismos eficientes y confiables para gestionar las quejas y reclamaciones emitidas por los ciudadanos. ¿Por qué los CEO de la DIDA y de la SIPEN mantienen una actitud distante y apática con los servidores públicos que tienen derecho a recibir una pensión digna del Estado?