En el entorno competitivo actual, las empresas e instituciones necesitan crear mecanismos creativos y sostenibles, que les permitan crear y mantener vínculos sanos y sinceros con sus diferentes grupos de interés.
Desde esta perspectiva, las relaciones públicas podrían ser la mejor plataforma para gestionar estratégicamente el permiso social, el cual facilita establecer un clima de cooperación, comprensión y armonía entre los intereses de las organizaciones y las aspiraciones sociales de los ciudadanos.

A diferencia de la autorización legal, el permiso social no se obtiene con una o varias visitas a las instituciones públicas a realizar una solicitud de permiso para efectuar una actividad específica de carácter comercial. Para ello es necesario hacer mucho más que pagar sobornos y valerse del tráfico de influencias.
Las empresas e instituciones que pierden el permiso social son las que: realizan trabajos sucios, implementan prácticas gerenciales ilícitas, mienten a sus públicos internos y externos, practican la discriminación racial, coartan la libertad de expresión de sus colaboradores, fomentan modelos de producción no amigables con el medio ambiente e incurren en acciones que vulneran los derechos humanos.
El permiso social es un activo intangible que se construye día a día tomando buenas decisiones y aplicando prácticas gerenciales éticas y responsables.
Además, se obtiene cuando las actividades económicas y sociales que ejecutan las empresas llenan las expectativas de los habitantes de las comunidades y de la sociedad en general. En definitiva, el permiso social no se les concede a las organizaciones que dañan los recursos naturales, violan las leyes y no invierten ningún porcentaje de sus utilidades para mitigar el impacto negativo que generan sus procesos de producción.