Las denuncias de supuestas indelicadezas cometidas por funcionarios, representan aportes incalculables, especialmente cuando se realizan de manera profesional y con datos que se pueden considerar creíbles. Por eso tienen tanta popularidad los trabajos de investigación de algunos periodistas profesionales, sobre todo cuando la gente no le ve tintes partidarios y lo han hecho de un lado y de otro, como en todos los tiempos.

Vienen a ser una especie de freno para que los que desempeñan funciones públicas sepan, ya que el Estado no ha creado verdaderos canales de conducción éticos y morales, así como mecanismos institucionales que eviten este tipo de actos cuestionables, que se puedan conocer a través de las denuncias. Y eso es bueno.

Lo malo es la falta de controles, mecanismos e instituciones que impidan actos escandalosos, imprudentes, indelicados o como usted quiera calificarlos. Porque exciten muchas debilidades en todo el aparato administrativo del Estado, de arriba hacia abajo. Nunca se ha querido tomar en cuenta la necesidad de establecer verdaderos Códigos de Ética, que establezcan lo que se puede y lo que no se puede hacer. Con detalles claros y que todo el mundo los conozca, los entienda y no haya lugar a dudas e interpretaciones. Para que no suceda como dicen algunos juristas: que no hay cosas malas, sino mal encaminadas, porque eso es tremendamente engañoso e inmoral.

Hace falta además, Códigos que establezcan lo que constituyen conflictos de intereses. Que impidan designaciones que se sospeche crean conflictos con el cargo, si no se desligan totalmente de ellas. Porque ahí es donde radican las principales fuentes de corrupción tanto en la vida pública como privada. Son las vías para los privilegios, las conexiones vinculantes y los que permiten a los funcionarios servirle no solo a dos señores sino a varios, menos al Estado; que aunque ha contado y cuenta con excelentes personas, una parte termina sirviéndoles más y mejor a sus propios intereses o a los que representan sus asociados, vinculados o interpretando supuestos deseos de sus jefes o su partido.

Mientras los gastos de las instituciones públicas sigan siendo un secreto de Estado; los cargos continúen siendo compensaciones políticas y mientras no hayan departamentos de control independientes, el país continuará enterándose de lo que ocurre con trabajos de investigación periodística como los de Nuria Piera, pues constituyen los pocos frenos morales con que cuenta la sociedad, ante la indolencia e inoperancia de los supuestos encargados de evitar actos de esa naturaleza.

Debería dar vergüenza hablar de la memoria del profesor Juan Bosch, mientras las nóminas, publicidad, compras, pagos, contratos, ayudas y asesorías de las dependencias oficiales se manejan antojadizamente y sin aprobación de organismos de control. Es lamentable que algunos funcionarios pasen a ser los chicos malos de la película, cuando los culpables no son exclusivamente ellos, pues en cierto modo cuentan con la anuencia o el silencio complaciente de quienes pueden evitarlo y corregirlo.