Por Rafael Heredia

El valor por dinero en el marco de las contrataciones públicas se ha convertido en un tema de gran relevancia para las instituciones públicas en todo el mundo, ya que ha representado una retirada del enfoque tradicional de adquisición estatal consistente en la compra de un bien o servicio sobre la base del menor precio posible, sin embargo en la actualidad aun muchos países están enfocados principalmente en disminuir la cuantía de la adquisición sin tomar en consideraciones factores como la calidad del bien, obra o servicio adquirido.

La orientación exclusiva hacia minimizar el importe de la adquisición de bienes, obras y servicios se debe a una combinación de factores entre los cuales se encuentran que regulaciones de contratación pública se enfocan en el precio como un criterio de evaluación clave, que las instituciones públicas a menudo tienen limitaciones presupuestarias, que deben justificarse los gastos ante la opinión pública lo que aumenta la presión para minimizar los precios, o en que este tipo de contratación requiere una planificación y evaluación menos exhaustivas que la del valor por dinero.

En un principio, el enfoque tradicional de adquisición al menor precio posible se basó en el condicionado supuesto de que este era la mejor opción, en razón de que era la única forma de maximizar el uso de los recursos públicos y en que las compras de calidad tenían un valor económico muy elevado y por tanto no se consideraba relevante en el proceso de selección del proveedor.  Sin embargo, con el tiempo se ha evidenciado que este criterio no siempre genera los mejores resultados posibles, ya que los bienes, obras y servicios adquiridos son de menor calidad, en muchas ocasiones no funcionales o con una vida útil corta, e implican gastos adicionales de mantenimiento, reparación o sustitución que a largo plazo superan el ahorro inicial en la adquisición.

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En términos generales, el valor por dinero se refiere a la obtención de la mejor relación costo-beneficio en la adquisición de bienes, servicios y obras pública, que no solo permite a las instituciones públicas optimizar el uso de los recursos públicos (eficiencia], sino que, además busca mejorar la calidad de las adquisiciones para que realmente cumplan con las necesidades y requerimientos de la entidad contratante y de los usuarios fínales (eficacia), especialmente en contextos donde los recursos son limitados y las instituciones públicas deben hacer más con menos y promueve la innovación fomentando la creación de soluciones nuevas y mejores para los problemas de la sociedad.

Ahora bien, es importante destacar que, para implementar efectivamente el criterio de valor por dinero, es necesario que las instituciones públicas cuenten con la capacidad técnica y establezcan criterios claros y objetivos para la evaluación de las ofertas, ya que estos elementos resultan esenciales para llevar a cabo de manera eficiente la compra por mejor valor.

En ese sentido, establecer criterios claros y objetivos para la evaluación de las ofertas es fundamental para garantizar que los procesos de contratación sean transparentes y justos, y por tal razón deben estar basados en indicadores medibles y cuantificables, los cuales debe comunicarse de manera clara y precisa a los proveedores potenciales para que la evaluación sea justa y se pueda comparar de manera equitativa a todas las propuestas recibidas. De igual manera, es importante que las instituciones públicas inviertan en el desarrollo de la capacidad técnica de su personal, ya que es necesario que se lleven a cabo análisis técnicos complejos de las propuestas, que incluya evaluaciones de factores como la calidad, la eficiencia energética, la durabilidad y la capacidad de reciclaje al seleccionar productos y servicios, elementos que contribuyen a la sostenibilidad ambiental y social a largo plazo y no meras evaluaciones superficiales que podrían resultar en la selección inadecuada del proveedor, producto o servicio.

En ese contexto, el Decreto Núm. 617-22 establece entre sus consideraciones iniciales el alto interés para la Republica dominicana de fortalecer la planificación institucional y toma de decisiones estratégicas que contribuyan a la ejecución de procedimientos de contratación que maximicen el valor por el dinero invertido en beneficios de la sociedad y del medio ambiente, a través de la procura de adquisiciones de bienes, obras y servicios que contribuyan a reducir las desigualdades sociales, el cumplimiento de las normas y buenas practica de seguridad social, salud e higiene en el ámbito laboral y generen un menor impacto ambiental y climático  durante su ciclo de vida.

Ante este escenario, la planificación de la compra se constituye en una etapa preponderante para garantizar que la inversión realizada tenga un impacto positivo. Al respecto, la Dirección General de Contrataciones Públicas [RIC-31-2017] ha acuñado el criterio de que las evaluaciones bajo el criterio calidad-costo “que pretende descifrar como obtener el mejor valor por dinero y así alcanzar una mayor eficiencia y eficacia en la compra o contratación, amerita un empeño en la etapa preparatoria del procedimiento de contratación, que incluye un entendimiento inequívoco de las necesidades de la institución, retroalimentación de las experiencias en los procedimientos anteriores y un conocimiento del mercado, a fin de seleccionar la metodología de adquisición más adecuada” .

En otras palabras, la planificación de la compra con miras al futuro es un elemento fundamental en la adquisición pública, ya que permite identificar claramente lo que se necesita, cuándo se necesita y cómo se va a adquirir. Esto se traduce en definir las especificaciones técnicas para los productos, obras y servicios a adquirir, los requerimientos técnicos y los criterios de selección, a fin de establecer procesos de selección de contratista claros y transparentes, mitigar los riesgos asociados, garantizar una competencia justa y equitativa entre los proveedores, facilitar la evaluación objetiva, la selección de las mejores ofertas, la identificación de posibles riesgos y contribuir a la maximización a largo plazo del dinero invertido.

En definitiva, la aplicación del valor por dinero en las compras públicas puede ser beneficiosa tanto para los gobiernos como para los proveedores y la sociedad en general, ya que garantiza el uso efectivo y eficiente de los recursos públicos, a través de la toma de decisiones bien informadas y basadas en criterios objetivos y claros, y a su vez maximiza el beneficio que se recibe por el valor invertido, promueve la competencia entre los proveedores, fomenta la innovación en la industria y la sostenibilidad medioambiental, económica y social.