Aunque el papa Francisco ha tomado medidas para resolver un escándalo de abuso sexual en Chile, no ha actuado en un problema más cercano a él, en Ciudad del Vaticano. Este territorio con rango de Estado independiente no cuenta con políticas para proteger a los menores de sacerdotes pederastas ni requiere que cualquier presunto abuso sea denunciado a la policía.
Siete años después de que el Vaticano ordenó a todas las conferencias episcopales elaborar directrices para evitar tales abusos, atender a víctimas, castigar a los infractores y mantener alejados a los pederastas del sacerdocio, la propia sede de la Iglesia católica no tiene una política como esa.
La brecha entre la «tolerancia cero» a los abusos prometida por Francisco es sorprendente, después de que la Santa Sede afirmó hace 5 años a la ONU que estaba elaborando un «programa de entorno protegido» para menores dentro de la Ciudad del Vaticano. Cuando se le preguntó sobre las prometidas políticas para la defensa de menores, el secretario general del Estado Vaticano, monseñor Fernando Vérgez, dijo a AP que no podía responder eso «dado que sigue en curso un estudio y una constatación del programa».
Lo que sí hizo el Papa fue actualizar en 2013 el código legal del Vaticano para penalizar violencia sexual contra niños y el mes pasado el tribunal del Vaticano sentenció a un exdiplomático por posesión y distribución de pornografía infantil.
Se puede argumentar que un programa de entorno protegido es innecesario en una ciudad donde solo vive un puñado de niños. Sin embargo, hay miles de niños caminando por el Vaticano a diario, visitando museos o asistiendo a audiencias papales y a las misas o visitando la Plaza de San Pedro y la basílica. Además, las autoridades de la Ciudad del Vaticano no tendrían que ir muy lejos para pedir ayuda en la elaboración de una política de ese tipo. La propia Pontificia Comisión para la Protección de Menores, creada para atender los casos de abuso sexual, creó un modelo para políticas de ese tipo en el sitio web del Vaticano.
La ausencia de una política clara se hizo evidente a fines del año pasado, luego que se dio a conocer que un adolescente del seminario juvenil del Vaticano acusó en 2012 a uno de los jóvenes mayores de agresión sexual contra su compañero de habitación. Nunca se le pidió a la policía del Vaticano, que tiene jurisdicción en el territorio, abrir investigación.
Varios obispos (incluido el cardenal Angelo Comastri, vicario de Francisco para Roma y el arcipreste de la Basílica de San Pedro) dijeron que investigaron, pero no entrevistaron la presunta víctima. El estudiante que presentó la denuncia, Kamil Jarzembowski, fue expulsado del seminario y el seminarista acusado fue ordenado sacerdote el año pasado.