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POR JUAN BOLÍVAR DÍAZ
Juanbolivardiaz@gmail.com
Ante la evidencia de la nómina de pagos a los dirigentes de base del Partido de la Liberación Dominicana por diversas entidades del Estado, el presidente Leonel Fernández la dio por hecho y la defendió esta semana con tradicionales argumentos políticos, carentes de fundamento legal.
La llamada «Nómina CB», o nominilla, da cuenta de que se ha estado pagando salarios de tres y cuatro mil pesos a 42 mil 434 presidentes de comités de base con monto mensual de 143 millones 600 mil pesos, que en tres años ha implicado más de 5 mil 152 millones de pesos.
Ese privilegio a favor del partido de gobierno en magnitud sin precedente conocido choca con principios constitucionales y con la Ley Electoral que prohíben expresamente aprovechar el poder del Estado para beneficio de particulares y relacionados y se ha constituido en el peor escándalo de la campaña electoral.
Evidencias apabullantes El reportaje televisivo de la periodista Nuria Piera sacudió la campaña electoral, al mostrar paquetes de cheques que eran entregados a dirigentes de base del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Las reacciones oficiales fueron contradictorias, unos lo negaban mientras otros lo justificaban, llegándose a sostener que se trataba de pagos por trabajos realizados por las emergencias impuestas por los fenómenos atmosféricos de noviembre y diciembre pasados, aunque luego se ha aceptado que esos pagos se hacen desde el 2005.
Pero la posterior aparición de cientos de páginas fotocopiadas de nóminas, listas con las firmas de los beneficiarios, recomendaciones, sustituciones y cheques con fechas del 2006 y 2007, no dejan dudas de la magnitud de la ocurrencia.
Muchos han considerado que se trata de las criticadas prácticas de los partidos dominicanos de repartir el patrimonio público entre sus dirigentes, militantes y relacionados. No hay memoria de una documentación similar en el clientelismo y la corrupción política nacional.
No se trata de las decenas de miles de parciales que todos los gobiernos designan en cargos públicos. Tampoco de las empleados temporeros contratados para labores de ornato o limpieza, sino de retribución a los presidentes de sus comités de base, por el simple hecho de serlo, sin una función pública.
En la documentación disponible hay cartas con logos, sellos y firmas de dirigentes intermedios que acreditan ante organismos del Estado a los presidentes de Comités de base para que reciban mensualmente cuatro mil pesos en el Distrito Nacional, y las provincias de Santo Domingo y Santiago, y tres mil pesos en el resto del país. Hay cartas a los pagadores incluso comunicando sustitución de dirigentes.
Del orden jurídico. Aunque el consultor jurídico del gobierno y delegado ante la JCE, César Pina Toribio, había declarado la semana anterior que acatarían la disposición del organismo rector de los comicios, sorprendió que el miércoles él mismo elevara una instancia ante la Suprema Corte de Justicia para invalidarla, amparándose en las facultades que otorga la Constitución al Presidente de la República.
Aunque el artículo 55 establece un amplio presidencialismo, el 92 da facultad a la JCE «para juzgar y reglamentar de acuerdo con la ley». El 102 dispone sanción para «las personas que hayan proporcionado ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados». El 110 «condena todo privilegio y toda situación que tienda a quebrantar la igualdad de todos los dominicanos». Y el 113 indica que «Ninguna erogación de los fondos públicos será válida, si no estuviere autorizada por la ley y ordenada por funcionario competente».
La decisión de la Cámara Administrativa de la JCE se fundamenta en el literal d, artículo 6 de la Ley Electoral que le faculta a «disponer cuantas medidas considere necesarias para resolver cualquier dificultad que se presente en el desarrollo del proceso electoral a fin de rodear el sufragio de las mayores garantías».
El artículo 47 de la misma ley es específico en prohibir a los partidos y sus dirigentes, militantes o relacionados «beneficiarse directa o indirectamente de los recursos y medios que pertenezcan al Estado para realizar sus actividades proselitistas o sostenerse, salvo la contribución electoral señalada en la presente ley». Añade que la JCE «tendrá facultad para anular cualquier operación de la cual tenga conocimiento e incautar provisionalmente o tomar cualquier medida cautelar con el auxilio de la fuerza pública respecto a cualquier bien, o para hacer cesar de inmediato cualquier uso indebido de los recursos y medios del Estado».
Aparte de la competencia democrática, lo que parece estar en juego en la actual campaña electoral es el estado de derecho de la sociedad dominicana.
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Penosa justificación
Resultó penoso que en su encuentro con directores de medios el presidente Leonel Fernández defendiera esos pagos, ante la contundente evidencia de la nómina, cuando le fue presentada después de haberla negado. También que sostuviera que esos pagos no tienen incidencia alguna en la posición de su candidatura y partido.
Cuando se le argumentó que un documento como ese en la campaña electoral de una democracia como la española, hubiera provocado la pérdida de la elección al partido gobernante y hasta la caída del gobierno, Fernández consideró que «aquí el gobierno se cae cuando no pueda incorporar a gente de la sociedad a algún mecanismo de supervivencia».
El candidato a la reelección se explayó en consideraciones legales para rechazar la procedencia de la disposición de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral (JCE), ratificada por el pleno de jueces del organismo para que el gobierno suspenda todo pago que no sea de las nóminas regulares.
La defensa de ese extremo del clientelismo y el ventajismo político a costa del patrimonio público contrastó una vez más con su discurso de modernización e institucionalización de la sociedad dominicana, con las críticas que en el pasado él y su partido hacían a los gobiernos de turno, y con los principios que enarbolaba el partido que fundara el profesor Juan Bosch.
El presidente Fernández lució atrapado en el pragmatismo político que ha caracterizado el reeleccionismo en la historia nacional y que él y su partido criticaron acremente cuando tuvieron efecto en las campañas reeleccionistas de un presidente de comienzo del siglo pasado como Joaquín Balaguer, o hace cuatro años por parte del presidente Hipólito Mejía.
Resumen contundente
En el legajo de papeles hay una prueba demostrativa del nivel de «normalidad» que ha adquirido la distribución de los fondos públicos entre los asociados políticos. Se trata de un «Resumen de los Presidentes de Comités de Base por Provincias, Municipios y Circunscripciones», bajo el nombre y lema del PLD.
En cada jurisdicción, incluidas las circunscripciones, aparece el número de presidentes de comités de base y el sueldo que se le asigna. Se ofrecen los totales por municipios y provincias y los organismos donde se les paga. Muchos municipios reciben pagos de diversas entidades estatales. En el cuadro anexo sólo se consignan las provincias, por razones de espacio.
Los pagos se han venido realizando a través de las secretarías de Agricultura y Obras Públicas, de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), la Comisión Presidencial para el Desarrollo Barrial, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, y el Instituto Agrario Dominicano (IAD).
El resumen abarca 11 páginas y en la última aparece el total de 42 mil 434 presidentes de comités de base beneficiarios, con un monto mensual de 143 millones 120 mil pesos, equivalentes a mil 717 millones 440 mil pesos por año.
Si el programa opera desde el 2005, como aceptó el presidente Fernández en su conversación del 31 de marzo con directores de medios de comunicación, el gobierno ha destinado en tres años 5 mil 152 millones 320 mil pesos para beneficio de dirigentes de base del PLD.
Para tener una idea del ventajismo político de este programa, basta considerar que su monto supera en 36 por ciento los 3 mil 778 millones de pesos que se ha entregado a la totalidad de los partidos en los once años que lleva el financiamiento instituido en la Ley Electoral a partir del 1998, incluyendo el actual 2008.
Para este año de elección presidencial el financiamiento legal a todos los partidos será de mil 60 millones de pesos, apenas el 60 por ciento de lo que reciben en un año los presidentes de comités de base peledeistas, sin que ninguna ley lo haya autorizado.
