El «rancho» no cesa de arder aunque Haití haya dado unos pasos iniciales esperanzadores para restablecer el principio de autoridad con gestión de ciudadanos de buena voluntad apoyados por resoluciones de la ONU, presencia de tropas kenianas y respaldo moral de República Dominicana. Con negación de consistencia, las agresiones a la convivencia binacional ahora se manifiestan con intensas extracciones de arena al lecho y bordes del río Masacre que define límites entre los dos Estados que comparten la isla y deben velar por su integridad estructural y medioambiental. Arremetida a un patrimonio común en violación al «Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje de 1929» en adición a la construcción de un canal a partir del mismo caudal a espaldas de normas de protección a la naturaleza y de aprovechamiento conjunto también pactadas.
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Como procede, la Cancillería Dominicana ha denunciado esta inaceptable unilateralidad desde un vecino con antecedentes de destrucción de bienes no renovables en sus espacios que no debe avanzar más hacia esta parte de la isla que como un todo corresponde obviamente a un mismo ecosistema. No hay evidencias de que la transitoria administración territorial haitiana haya dado anuencia a la erosión de lo fluvial estando pendiente todavía liberar de las garras de tropeles de malhechores a los ámbitos urbanos más importantes del desventurado país. La comunidad internacional debe solidarizarse de manera expresa y contundente con República Dominicana.