POR RAMÓN NÚÑEZ RAMÍREZ
Aunque el gobierno y la cúpula empresarial saben perfectamente que sin reforma tributaria no habrá acuerdo con el Fondo Monetario, un sector del PRD jugando a posponer la aprobación de la pieza y el empresariado rechazando la propuesta sin presentar alternativas viables, están colocando a las próximas autoridades ante la disyuntiva de cruzarse de brazos mientras se deteriora la situación o actuar con drásticas medidas administrativas.

A este gobierno de Hipólito Mejía y del PPH le corresponde el triste epitafio de haber convertido a la República Dominicana del milagro económico del continente al desastre financiero, merced a políticas equivocadas frente a choques externos e internos.

Frente al choque externo este gobierno mantuvo una política expansiva en término fiscal, incrementando el gasto, la deuda externa, recurriendo a la emisión de bonos para dedicarlos a proyectos de dudoso retorno financiero, todo lo cual provocó el recalentamiento de la economía el inicio de la desestabilización de la tasa de cambio, que aumentó en un 6% en los primeros tres trimestres del 2002, rompiendo con diez años de estabilidad y de cuatro precedentes donde la tasa de cambio apenas aumentaba a un ritmo  de 3% anual.

Frente a los problemas iniciales de Baninter este gobierno, violando la ley orgánica del Banco Central, otorgó más de 5 mil millones en adelantos y redescuentos sin intervenir discretamente a esa entidad con un equipo de auditores e inspectores de la Superintendencia que vigilaran las razones de los aparentes problemas de liquidez y el uso de las facilidades. Cuando ya era evidente la insostenibilidad de la entidad financiera entonces, en violación de la Ley Monetaria, procedieron a entregar los recursos a todos los depositantes, reales o virtuales, grandes o pequeños, pero especialmente a menos de un centenar de mega-ahorristas, decisión fundamentalmente política que ha provocado la mayor hemorragia monetaria en la historia del peso, cuyas consecuencias no se han detenido y se expresa en un financiamiento interno del BC por RD$110 mil millones y certificados por un monto de RD$87 mil millones.

Los errores de política económica no se detuvieron en el salvamento de los depositantes, sino que continuaron con los incumplimientos de los topes y metas de la primera revisión del acuerdo con el FMI, la compra de los apagones a Unión Fenosa y el deterioro financiero de las distribuidoras, el incumplimiento de la segunda revisión de marzo de este año debido, entre otros, al haber incurrido en un exceso del gasto por un monto de 22 mil millones.

Una parte del equipo político, que cesa al frente del Poder Ejecutivo a partir del próximo 16  de agosto, responsable fundamental de haber reducido a la mitad el ingreso y los activos de la mayoría de los dominicanos y las dominicanas, mantiene dos agendas y si bien depositó el proyecto de reforma, para quedar bien ante el FMI y superar las sutiles presiones de la comunidad internacional, aprovecha su hegemonía congresional para posponer la aprobación de la pieza más allá del 16 de agosto, quizás en un escenario en donde la administración peledeísta se encuentre disminuida en el apoyo popular debido a la imposibilidad de afrontar las crisis, justamente por carecer de los recursos fiscales.

En el caso de la cúpula empresarial, en vez de hablar genéricamente de reformas integrales o de supuestos afanes fiscalistas, debieron preparar un proyecto de reforma impositiva como aporte al debate y no limitarse al simple rechazo de la propuesta y a la presentación de la ampliación del ITBIS como exclusiva figura impositiva a sabiendas que su efectividad recaudadora solo rendiría frutos inmediatos si se gravan los combustibles, la factura eléctrica, la salud, la educación y cuya aplicación sencillamente provocaría graves conmociones sociales de las cuales el empresariado no podría escapar a sus costos.

Ante la real posibilidad de un congreso que alargue la aprobación de la pieza, hasta colocar al próximo gobierno en graves dificultades financieras, o un empresariados participando en el mismo juego legislativo con la finalidad de mutilar el proyecto, el próximo gobierno estaría abocado al «plan B», a la aplicación de medidas administrativas, como por ejemplo un recargo cambiario adicional u otras figuras como aumento del impuesto de salida, tasas administrativas a las operaciones financieras, recargos y por supuesto un drástico recorte presupuestario especialmente en las áreas más sensitivas como los subsidios y la nomina publica.

Que la sensatez se imponga, que la politiquería retroceda así como los intereses de grupos empresariales en aras de la aprobación en el menor tiempo posible de una reforma impositiva que permita renegociar un nuevo acuerdo con el FMI, facilitar el ingreso de recursos frescos de esa entidad, del BID y el Banco Mundial, para dar un respiro a este país y permitir a las nuevas autoridades gobernar como lo expresaron las mayorías el pasado 16 de mayo.