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El Estado dominicano está en deuda con la sociedad por la permanencia sin visos de esfuerzos de su parte para ponerle fin de una lacerante obligación contractual que motiva el crecimiento desbordado de los costos finales para la nación de la autopista Juan Pablo II de apenas dos vías y cuestionado diseño. Obra concesionada a partir del año 2012 por autoridades que no defendieron el interés nacional, con una extraña ausencia de sentido de equidad que convirtió a inversionistas privados en privilegiados receptores por años y años de ingentes recursos extraídos a viajeros mediante un peaje formal excesivo que conspira contra el turismo interno.
La injusticia incluye además gruesas partidas anuales del Presupuesto Nacional para los constructores con asignaciones que crecen como cargos adicionales constituidos en «peaje sombra» para cubrir un compromiso de sobresalientes perjuicios para el deudor. Una inversión vial convertida en viacrucis financiero con erogaciones que, sumadas, ya a la fecha hubieran servido para crear más de una gran carretera troncal. Es difícil suponer que no fueran a tener éxito ante algún arbitraje internacional las poderosas razones que puede invocar este país para zafarse de un acuerdo leonino en sus actuales términos. En anteriores casos parecidos, República Dominicana ha salido favorecida como cuando exigió y logró mejorar el contrato de extracción de oro en Pueblo Viejo.
In crescendo de contaminantes
A la contaminación de ríos y mar a los que llegan por los cuatro costados desechos plásticos y otros sólidos se suman desde hace tiempo residuos químicos y metálicos pesados. El estudio de un grupo académico sobre al menos 18 corrientes fluviales importantes desnuda una degradación de aguas interiores y costeras de la que no dan cuenta (o de la que no se dan cuenta) las autoridades que deben velar por los recursos naturales. Toxicidad de mucha presencia que los analistas relacionan con el empleo sin regulaciones de fertilizantes, insecticidas, fungicidas y otros químicos peligrosos aplicados industrialmente en la agricultura. Impactan el ecosistema y pueden llegar al consumo humano si no pasan por tratamientos más rigurosos que el empleado comúnmente en acueductos expuestos a cuencas cada vez más deterioradas.
