JORGE DE LEÓN
Los hombres y mujeres de uniforme, seres humanos con toda la capacidad que le asiste de participar en la escogencia de las autoridades electivas de los poderes del Estado Dominicano mediante el voto popular, están planteando en la figura de su máximo representante el justo derecho que merecen y que otras democracias de América les han otorgado: “El Voto Militar”. Causa que existió en el pasado histórico del país y que compartimos, porque representa un paso de avance democrático, a sabiendas de que debe previamente recorrer un dilatado camino de corrección de aberraciones y debilidades históricas, que le permita esta participación y conquista.

A esta razón podemos señalar tres necesidades básicas:

Primero: Para evitar que las simpatías políticas, de los que dirigen las tropas, se impongan a los deseos de sus subordinados, hay que definir de manera clara el concepto ético moral de la autoridad militar y cuándo las órdenes emanadas de esa superioridad son legales y sujetas de ser obedecidas. Los integrantes de las Fuerzas Armadas están sujetos a cumplir solamente las órdenes legales. Ordenar que “voten por fulano de tal”, no significa que los subordinados tienen que obedecerlo, porque esta acción sobre todo compromete la integridad colectiva de nuestra sociedad. No puede ser legítima, como se establece en las reglamentaciones de las naciones que queremos imitar, por ejemplo la regla 916 del Manuel de Consejos de Guerra de EEUU dice: “Es una defensa ante cualquier delito que el acusado haya actuado según las órdenes, a menos de que el mismo supiese que las órdenes eran ilegales o que una persona consentido y entendimiento común, supiese que las órdenes eran ilegal”.

Segundo: La principal distorsión de los procesos políticos eleccionarios nuestros es el uso de recursos económicos de fuentes inapropiadas, por lo que antes de votar los militares, los altos mandos deben transparentar el presupuesto militar, para que deje de ser uno de los secretos mejor guardados, alentemos que los magos de las finanzas personales de nuestra democracia, acostumbrados a ganar poco y ostentar opulencia, logren que las partidas de las cuentas del erario público asignadas a su control respondan verdaderamente a la Seguridad y Defensa, acorde a las necesidades de nuestra Nación. Evitemos que se abra una nueva ventana de las ya existente en las cuentas uniformadas a “Los Políticos”, siempre acusados de inescrupulosos, para que canalicen fondos militares en un bien orquestado intento de reelección de hombre o partido.

Tercero: En todos los países donde el voto militar está aceptado democráticamente, existe la Secretaría de Estado de Defensa, dirigida por civiles y un Consejo de Seguridad, como órgano superior encargado de planificar, dirigir y controlar el presupuesto militar y donde participan varias Secretarías ligadas a los poderes del Estado.