Tirso Mejía Ricart 
Tirso Mejía-Ricart
Una de las escasas conquistas políticas que alcanzó la sociedad dominicana en el postrujillismo, luego de arduas luchas contra el despotismo, fue lograr que ciertas normas se respetaran dentro de los partidos y la organización electoral.
Estos avances fueron el registro y carnet electoral, la estricta supervisión por los partidos del proceso electoral, elecciones presidenciales separadas de las congresuales y municipales, la descentralización de los colegios y juntas electorales, elecciones primarias para la mayor parte de los candidatos y el voto preferencial. También fueron configurándose procesos transparentes en la elección de los representantes del pueblo ante los poderes del Estado.
Todo eso está siendo destruido bajo la impronta del despotismo peledeísta, apenas disfrazado por una palabrería hueca y miles de millones de pesos gastados en publicidad.
Si se hubiera aplicado la Ley 286-04 de Elecciones Primarias, simultáneas para los partidos mayoritarios y organizadas por la Junta Central Electoral; todo el festival ominoso de compra de candidaturas, decisiones de cúpulas reducidas, “mandatos” personales, transfuguismo y violencia desenfrenada; en que ha derivado el proceso electoral dominicano, que debe avergonzar a todo ciudadano con algo de conciencia política, no se produjera; lo que no tiene paralelos en todo el continente americano.
No hace falta eliminar el voto preferencial, como se ha dicho. Basta con que se celebren primarias que trasladen el voto preferencial hacia dentro de los partidos, y que sus resultados determinen el orden en que deben ir los candidatos en listas cerradas, para que éstos compitan solo hacia afuera y evitar así el “canibalismo” político que ahora impera con las diputaciones. De paso se resolverían las otras candidaturas desde la presidencial hasta las regidurías y vocalías de distritos.
Lo del Senador se resolvería sencillamente haciendo que se vote separadamente por éste en la misma boleta congresual, y que el elector pueda votar en ésta por partidos diferentes, como manda la Constitución.
Pero lo que más se necesita es una Ley Orgánica Electoral, como manda la Constitución desde el 2010.
