El Dr. Julio César Castaños Guzmán, presidente de la Junta Central Electoral, ha manifestado que no existen condiciones apropiadas para garantizar la aplicación del voto preferencial a nivel municipal en las elecciones generales del 2020 y ha sugerido que se posponga su implementación para las elecciones generales del 2024. Estas declaraciones algunos las responden calificándolas de antidemocráticas o de violatorias a la Constitución de la República. Sin embargo, al plantear Montesquieu en su obra de “El espíritu de las leyes” que las leyes deben corresponderse con la realidad concreta de cada nación, ese criterio ha dado lugar a que haya servido de premisa teórica desde la cual debe partir todo político realista. Estas ideas de Montesquieu, de naturaleza empírica, serían desarrolladas, en otra vertiente, por Jeremy Bentham en su “utilitarismo” y de una manera más concreta con el pragmatismo que fue una escuela filosófica creada en los Estados Unidos a finales del siglo XIX y cuyo concepto básico descansa en la idea de que sólo es verdadero aquello que funciona. La práctica demostró que en las elecciones generales del pasado 2016, al implementarse una serie de modalidades se produjo una situación cuasi de crisis y de descontrol y el presidente de la Junta Central Electoral ha lanzado una advertencia, que en el fondo es un llamado a la prudencia y a la reflexión a todos los actores políticos de nuestro país, para que se ponderen los inconvenientes que a la puesta en funcionamiento de este sistema de votación, se presentarían a nivel municipal en las próximas elecciones y ha alegado varias razones, como serían las complejidades que implican estas elecciones municipales, previstas por la Constitución en su artículo 209, para celebrarse el tercer domingo de febrero del 2020, entre ellas, la necesidad que tendría la Junta de elaborar 450 boletas electorales diferentes para cada uno de los aspirantes a regidores y vocales de los partidos y movimientos políticos, en vez de las 154 que se utilizaron en las elecciones pasadas; la existencia de 1164 posiciones de regidores y 730 vocales, cargos a los que aspirarían un número indefinido de candidatos por las agrupaciones políticas reconocidas. Además, debemos considerar que esto abriría la competencia entre alrededor de 2,000 de estos cargos y los numerosos conflictos que conllevarían y a los que tendría que enfrentarse la Junta Central Electoral, incluyendo las dificultades en el orden administrativo y por el nivel educativo de nuestros votantes.
Es mi opinión que fundamentarse en la legitimidad y en la Constitución y en los principios democráticos para aplicar el voto preferencial a nivel municipal en el 2020, sin tomarse en cuenta los pros y los contras de la aplicación de este nuevo modelo y sin partir de un estudio objetivo de las posibilidades de que este sistema pueda aplicarse de manera satisfactoria, podría llevarnos al mundo de las utopías, del democratismo y del populismo.