Carlos Peña 
A pesar de la histórica vinculación del Estado dominicano con la iglesia católica, hecho evidenciado en el ya anacrónico acuerdo internacional conocido como concordato firmado entre la Santa Sede y República Dominicana en tiempos de la tiranía de Trujillo, nuestro Estado puede definirse como laico si partimos de nuestro ordenamiento jurídico.
Claro está que la condición de laicidad del Estado dominicano no impide a las distintas confesiones religiosas ejercer su rol profético que en ocasiones va más allá de la denuncia y pasa al terreno de la acción. De ahí que en los recientes procesos electorales hemos visto con satisfacción la participación activa y protagónica de figuras religiosas ejerciendo su derecho a elegir y a ser elegido.
En lo que respecta a la comunidad protestante es importante señalar que el impresionante posicionamiento cualitativo y cuantitativo que ante la población hoy exhibe, convierte a ese segmento religioso en un blanco objetivo de la clase política que hoy ve en los votantes protestantes la posibilidad hasta de llevar un candidato presidencial y que solo con los votos de ellos ganar en una primera vuelta electoral, si lograran unificarse en torno a un mismo proyecto político.
Sin embargo, eso no es posible en el corto y mediano plazos por una razón elemental: en República Dominicana no existe el voto religioso, lo que imposibilita por el momento, concentrar más de dos millones y medio de electores que viven la fe a la luz del protestantismo alrededor de una misma propuesta política.
Esto responde a una dialéctica sociológica que nos muestra la influencia de las simpatías políticas partidarias hasta en los escenarios de las distintas corrientes religiosas.
Conociendo esta realidad socio religiosa, es recomendable que los hombres y mujeres de fe que con todo su derecho deseen participar en la vida política, lo hagan desde una plataforma social ajena a la iglesia pues la naturaleza de la misma es otra, sin lugar a dudas.
