La conmemoración del 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, honra a las hermanas Mirabal, nuestras amadas «Mariposas», Patria, Minerva y María Teresa, asesinadas en 1960 por la dictadura de Trujillo en nuestro país. Su sacrificio trasciende fronteras y tiempo, convirtiéndose en símbolo universal de la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

De acuerdo con los datos aportados por MundoSur, durante el primer semestre de 2024, se registraron 2,128 feminicidios en 16 países de Latinoamérica, un promedio de 12 por día o 1 cada 2 horas. Estas cifras, dolorosas e inaceptables, evidencian que la violencia contra las mujeres sigue siendo un problema estructural que demanda una acción urgente y sostenida.

El avance de movimientos antiderechos representa una amenaza importante. El Institute for Strategic Dialogue (ISD) reportó, que en Estados Unidos, tras las elecciones del 3 de noviembre de 2024, hubo un incremento del 4,600% en mensajes misóginos en plataformas digitales, incluyendo llamados a revocar derechos fundamentales como el voto femenino y expresiones que promueven la subordinación de las mujeres, con hashtags como «Your body, my choice» (Tu cuerpo, mi decisión), «Get back in the kitchen» (Vuelvan a las cocinas) y «Repeal the 19th». Este fenómeno refleja una reacción sistemática contra los avances en derechos y libertades, mediante una estrategia coordinada que busca limitar el acceso a la justicia, la participación política y las autonomías corporal y económica de las mujeres, amenazando los logros del movimiento feminista.

La violencia digital es otro frente de batalla. Según ONU Mujeres, el 58% de las mujeres en internet ha sufrido acoso o amenazas. Las plataformas digitales amplifican estas agresiones, afectando especialmente a mujeres jóvenes y activistas, mientras la brecha digital limita el acceso a mecanismos de protección.

La violencia institucional también merece atención. Los sistemas judiciales perpetúan la desigualdad al revictimizar a las mujeres, desestimar denuncias de violencia doméstica y permitir la impunidad de los agresores. La falta de formación con perspectiva de género en operadores judiciales, policías y funcionarios públicos agrava esta vulnerabilidad sistemática.

El rol de los hombres en esta lucha es vital para una transformación sostenible. Más allá de declaraciones, es necesario que cuestionen sus privilegios y actúen para desmontar patrones culturales machistas. La implementación de programas de educación que fomentan la corresponsabilidad en tareas de cuidado y la intervención activa frente a expresiones de violencia han mostrado resultados positivos, pero deben complementarse con cambios integrales en las políticas públicas y en las prácticas cotidianas de instituciones y empresas.

La sororidad destaca como una herramienta esencial de resistencia y transformación. Las redes de apoyo entre mujeres han demostrado ser fundamentales para prevenir y enfrentar la violencia. En nuestro país, al igual que en otros de la región, los colectivos feministas y las redes comunitarias cumplen un rol determinante al llenar vacíos sistémicos; sin embargo, necesitan un mayor respaldo institucional para maximizar su impacto. La educación feminista y el fortalecimiento de la autonomía económica son pilares indispensables para construir sociedades más justas e igualitarias.

Transformar la conmemoración del 25 de noviembre en un compromiso diario es el tributo más auténtico a las hermanas Mirabal. Honrar su legado significa robustecer los sistemas de protección, impulsar una formación en género capaz de generar cambios estructurales y promover campañas que inspiren conciencia y acción colectiva. La eliminación de la violencia contra las mujeres demanda una sociedad cohesionada, decidida a preservar los avances alcanzados y determinada en trabajar activamente para alcanzar ese anhelo de justicia y libertad por el cual las Mariposas entregaron sus vidas.

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