Hoy 
M. DARÍO CONTRERAS
Para la mayoría de los lectores las siglas del CLAD no le remiten a algo conocido, las que simbolizan al Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Pues bien, del 30 de octubre, fecha protocolar de inauguración, al 2 de noviembre pasado, Santo Domingo sirvió de anfitrión al evento científico de mayor trascendencia continental sobre la ciencia y el arte de reformar el Estado y a la Administración Pública.
Este gran cónclave internacional reunió a 1,317 asistentes que disfrutaron de los últimos avances, conocimientos y experiencias mediante 107 paneles, 428 ponencias y 3 conferencias magistrales distribuidos en tres días, desde la 9 a.m. hasta las 8:30 p.m., destacándose la presencia de varios paneles conformados por destacados profesionales dominicanos. Y todo esto, con la masiva asistencia de expertos e invitados internacionales, se logró mientras éramos afectados por las incesantes lluvias de una tormenta tropical, logrando así la mayor asistencia en la historia de estos congresos internacionales.
Este evento, que contó en su día inaugural con la presencia del señor Presidente de la República, doctor Leonel Fernández, tuvo el auspicio de organismos internacionales, como el BID, BM, OEA, ONU y el Gobierno de España, y localmente de la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo, la Oficina Nacional de Administración y Personal (ONAP) y del Consejo Nacional para la Reforma del Estado (CONARE). La organización, que localmente fue coordinada por la ONAP, fue todo un éxito, lo que fue reconocido por los directivos del CLAD, en la persona de su secretario general Julio César Fernández Toro, y demostró un tremendo trabajo de equipo encabezado por el director nacional de ONAP, secretario de Estado licenciado Ramón Ventura Camejo, quien asumió la presidencia de este prestigioso organismo internacional por un período de dos años. En palabras de muchos participantes, tanto nacionales como internacionales, la organización fue «impecable y espectacular».
Como todos sabemos, nuestra Administración Pública adolece de serias deficiencias, entre las que se destacan su falta de profesionalización, la inestabilidad de los servidores públicos por el clientelismo político de los partidos, la baja remuneración del empleo público, la obsoleta e inadecuada Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa de 1991, entre otras. Además, los retos de la globalización y de la llamada Sociedad del Conocimiento, han hecho obsoletos muchos de los principios y prácticas que han servido para organizar y gerenciar al Estado. Este siglo XXI, en el que la competitividad es el estandarte de lucha de las naciones para sobrevivir y tener éxito en el mundo globalizado, requiere de Estados con instituciones inteligentes, innovadoras, ágiles y transparentes, que se aboquen a resolver los graves problemas de pobreza y desigualdad que padecemos, mientras fortalecen la democracia integrando a los ciudadanos mediante procesos de inclusión social y de participación.
Ya no es suficiente seguir colocando parches en nuestro anquilosado cuerpo social. Se requieren ingentes esfuerzos, tanto de carácter administrativo como de cambios de conductas, para regenerar y re-inventar el sistema democrático, así como el tipo de Estado que tenemos. El Estado tradicional, soberano y nacionalista, se confunde con otras realidades globales que cuestionan nuestra propia identidad como nación independiente. En muchos sentidos, el mercado globalizado le ha quitado terreno a la soberanía que establece nuestra Constitución. La intrusión de las prácticas del mercado capitalista ha invadido el tejido social y político de los pueblos, estableciendo así una tensión entre lo colectivo y el bienestar público, por un lado, y las exigencias no siempre «santas» de la economía y de las finanzas. Le corresponde al Estado velar por la justicia social, la cual debe apoyarse en el acceso de todos los ciudadanos a una educación de calidad que nos enseñe a ser libres, a participar y a cooperar con nuestros conciudadanos en el fortalecimiento de una democracia verdaderamente participativa, a servicios de salud asequibles y a igualdad de condiciones para desarrollar nuestras potencialidades como seres humanos.
Los retos y desafíos por delante, tal como lo hemos reseñado y que se debatieron en el XII Congreso Internacional del CLAD, requieren de una ciudadanía educada para el ejercicio de la libertad en justicia, amparada y apoyada por un Estado y gobiernos que crean en lo que nuestro patricio, Juan Pablo Duarte, sentenció hace más de un siglo: «Sed justos lo primero, si queréis ser felices».
