POR UBALDO GUZMAN MOLINA
La Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), que dirige Diandino Peña, busca consensuar, promulgar y aplicar una política integral de transporte público y un plan maestro de mejoras y reformas estructurales.

Lo dijo ayer el ingeniero Juan Cajiao, consultor de la OPRET, quien añadió que el organismo realiza estudios para reformar el aparato institucional, a fin de fortalecerlo.

Indicó que se creará una autoridad única de transporte terrestre que retome la función del Estado como ente regulador, la cual estaría integrada por gente capacitada. Explicó que se crearán verdaderas empresas de transporte y se pasará del modelo de afiliadores a empresas modernas de transporte.

Dijo que la OPRET ejecuta estudios para seleccionar «la tecnología más apropiada» en los corredores de las avenidas John F. Kennedy y 27 de Febrero. El organismo, agregó, también realiza estudios de tránsito para descongestionar los corredores principales y diseña tres terminales interurbanas.

Los costos de la movilidad en Santo Domingo ascienden a US$702 millones, de los cuales US$182 millones representan los accidentes, US$168.4 millones de tarifas en transporte público y US$137 millones en costos operativos de los vehículos particulares.

Esos costos representan el 13.2% del Producto Bruto Interno (PBI) de Santo Domingo y un 3.8% del PBI del país.

Los costos operativos de los vehículos del transporte público totalizan US$97.7 millones.

Explicó que las consecuencias de la situación actual son costos sociales muy elevados, disminución de la productividad comercial e industrial, incremento en el gasto de transporte para las familias de menores ingresos y un servicio anárquico en el transporte.

A su juicio, la falta de una política integral, de autoridad estatal, la multiplicidad de organismos y un fundamento legal débil provocan desorganización y servicio ineficiente, pérdida de recursos del Estado en subsidios, contaminación, operadores ilegales y dificultad para establecer una política tarifaria.

Defendió la modernización del sistema de transporte público para garantizar la movilidad de la población de menores ingresos y la eficiencia de las actividades socioeconómicas de la ciudad, preservando el medio ambiente.

Favoreció la implantación de mecanismos de financiamiento y estructuras tarifarias adecuadas que remuneren a los operadores y estén acordes con los ingresos de la población.

Apoyó diseñar un sistema que permita la participación de los sectores público y privado de manera eficiente para lograr tarifas justas.

A su juicio, implantar un sistema de transporte integrado requiere de las reformas a los mecanismos existentes de regulación, administración y control del sistema actual, pero añadió que esas reformas no podrán motorizarse si no se construye la primera línea del Metro. Cree que para construir una primera línea del Metro, que irá desde Villa Mella al Centro de los Héroes (La Feria), se requiere de una organización institucional fuerte y moderna, así como de empresas operadoras modernas.

A su juicio, los capitalinos gastan el 23% de sus salarios en transporte. Señaló que desde el 1996 se han hecho diversos estudios de transporte que recomiendan la construcción de un sistema masivo en Santo Domingo, debido a dos hechos: el crecimiento sostenido de la demanda y el efecto organizador del sector.

La debilidad institucional se expresa en instituciones frágiles que solapan sus facultades, pocas empresas organizadas de transporte y falta de normativa legal actualizada, dijo.