BOGOTA. AFP . Los colombianos votarán mañana domingo en la primera vuelta de la elección presidencial que se anuncia como un duelo reñido entre el oficialista Juan Manuel Santos y el ex alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, cuya promesa de cambio podría beneficiarse del hartazgo de los colombianos por la violencia.

 Tras ocho años de gobierno del derechista Alvaro Uribe, los colombianos deben decidir si le dan continuidad al «uribismo» con su ex ministro de Defensa (2006-2009) Santos, o si favorecen el cambio que encarna Mockus, ex alcalde de Bogotá (1995-1997 y 2001-2003).

 Los dos estarían prácticamente empatados, según encuestas que prevén una segunda ronda electoral el 20 de junio, pues ninguno obtendría más del 50% de los sufragios este domingo.

 De entre nueve aspirantes a la presidencia, sólo Santos y Mockus conseguirían más del 30% de los votos cada uno, mientras que los demás no superarían individualmente el 6%.

 Ningún candidato se ha atrevido a rechazar la política del actual gobierno de combate frontal a la guerrilla izquierdista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la más reconocida de Uribe, que dejará el gobierno con un índice de popularidad de alrededor del 70%.

 Uribe ha logrado acorralar a la guerrilla en las zonas rurales y selváticas, aunque los enfrentamientos se mantienen.  Como ministro de Defensa, Santos tiene en su haber varios de los golpes más contundentes a las FARC, como la «Operación Jaque», con la que en 2008 fueron rescatados 15 de los rehenes más valiosos de la guerrilla, entre ellos la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y tres estadounidenses.

  «Hemos escogido la firmeza antes que la ambigüedad. Los colombianos saben que conmigo podrán dormir tranquilos», ha repetido insistentemente Santos, a la vez que pide «defender el legado de Uribe, el mejor presidente que ha tenido Colombia».

 Sin embargo, esa misma firmeza ensombrece su figura, atacada por denuncias sobre violaciones a los derechos humanos.

Santos se defiende

 Atacado por sus adversarios por las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por militares, el ex ministro de Defensa, Juan Manuel  Santos admitió ayer la ocurrencia de esos crímenes, pero aseguró que fue su gestión la que los “acabó”. 

A su vez, el general Orlando Páez, jefe operativo de la Policía Nacional, aseguró que “prácticamente el país esta blindado” en especial las sedes políticas, como las sedes electorales en las regiones, en un vasto programa de seguridad por las elecciones dentro del Plan Democracia, que involucra unos 300,000 policías y militares en todo el país.