Las elecciones congresuales y municipales contempladas en la nueva Carta Magna para el tercer domingo de mayo, consagran también el último acto de la Junta Central Electoral (JCE). El tribunal colegiado de nueve jueces (7 hombres y dos mujeres), que ha estado sometido con menos rigor que sus predecesores a los vaivenes de nuestra reciente historia política, cambiará su configuración y ensanchara su horizonte institucional. Tras la “cita con las urnas” del lenguaje periodístico, el Senado resultante procederá, a partir del 16 de agosto, a elegir para un período de cuatro años a un tribunal electoral reducido a un presidente y cuatro miembros con sus respectivos suplentes.

Novedoso órgano será el Tribunal Superior Electoral (TSE), creado para juzgar y decidir en forma definitiva los asuntos contencioso electorales y resolver diferendos internos de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos o entre estos. Reglamentará su propia organización, funcionamiento administrativo y financiero. El TSE estará integrado por no menos de tres y no más de cinco jueces electorales y suplentes, designados para cuatro años por el Consejo Nacional de la Magistratura, que designará al presidente.

Pero como ocurre en la función pública, el “dejar que las urnas hablen” en mayo venidero entraña un desafío enorme que no escapa a los riesgos. La duración de las nuevas autoridades congresuales y municipales será de seis años, medida transitoria destinada a unificar los comicios de medio término con la escogencia presidencial a partir del 2016, circunstancia que proporcionará mayor competitividad entre los partidos, que persiguen las mieles del poder matizado de clientelismo en medio de los avatares de la crisis económica. La magnitud del desafío es mensurable en las cifras dadas por el doctor Julio Cesar Castaños Guzmán, presidente de la JCE, al pronunciar el discurso principal durante la audiencia convocada para la proclama oficial, que abrió la campaña electoral. Más de 6.0 millones de ciudadanos habilitados para elegir 4,036 puestos -la cifra más alta de la historia-, inscriptos en 13,250 colegios electorales situados por todo el territorio en 3,898 recintos. Las mujeres superan a los hombres por estrecho margen, 3,092,201 ciudadanas (50.56%) y 3,024, 196 varones (49.44).

Se elegirán en el Legislativo con apego estricto a la cuota femenina establecida en la ley, 32 senadores, 176 diputados, cinco diputados nacionales por acumulación de votos, 20 diputados y suplentes al Parlamento Centroamericano (PARLACEN). En el ámbito municipal, 155 Alcaldes y Vicealcaldes, 1,149 regidores y suplentes, 229 directores y subdirectores en los Distritos Municipales y 715 vocales, todos candidatos propuestos por 26 partidos nacionales y un movimiento municipal. Creo que, sin damos cuenta, los dominicanos estamos celebrando elecciones razonablemente competitivas desde hace bastante tiempo, pues cubrimos la mayoría de las características estimadas como requisitos legales y socio-económicos fundamentales para una justa competición.

A saber, derecho universal al sufragio, convocatoria regular y periódica a las elecciones, libertad de asociación para presentar candidatos, neutralidad del gobierno en la organización del proceso electoral, garantías para una libre emisión del voto, recuento público de los votos emitidos, aplicación de las reglas preestablecidas para adjudicar los escaños entre candidatos y existencia de una instancia independiente para dirimir los conflictos suscitados por la aplicación de la ley electoral. La calidad del sistema electoral se consolidará respecto al uso de los recursos del Estado y a la igualdad de oportunidades de los candidatos para el acceso a los medios de información y publicidad, cuando entre en vigor la Ley de Partidos, la cual terminará de garantizar la seguridad, la libertad y la igualdad de todos cuanto participan en el proceso.

Con su imagen renovada y depositaria de la confianza pública tras superar graves residencias, la JCE entra a su último acto en forma serena y promisoria para el bien del país.