Dentro de los problemas fundamentales del país, hay uno que ha salido a relucir en el marco de la contienda electoral que casi finaliza: el problema de la vivienda.
Aunque son pocos los candidatos y candidatas que han prestado atención a este tema, gracias al esfuerzo de organizaciones articuladas en el Foro Ciudadano y en la campaña Casa Ya, se han difundido cifras que revelan este drama.
Las primeras hacen referencia al déficit habitacional, estimado en 2.1 millones de viviendas. De estas, 1,147,858 tienen problemas de infraestructura y de servicios básicos, y 250,000 están tan deterioradas que son irrecuperables y faltarían por construir más de 700,000.
Ante este panorama, la respuesta del Estado ha sido históricamente inadecuada. En el caso del actual gobierno se observa, de entrada, una contradicción: declaró el 2016 como el “Año del Fomento a la Vivienda”, y hay que reconocer esta iniciativa, pero entonces en vez de aumentar, reduce la inversión en la misma en un 39% (678 millones de pesos) en comparación con el 2015, quedando la pírrica cifra de RD$ 1,105.7 millones, apenas un 0.03% del PIB.
Tomando en cuenta que la voluntad política no se mide en los discursos ni en las redes sociales, sino en la asignación y distribución de recursos en el Presupuesto Nacional, ¿Cómo se hará efectivo el Derecho a la Vivienda con tan pocos recursos públicos?
Otras respuestas equívocas han sido los fideicomisos y el aumento de la deuda externa a través del financiamiento internacional. Pero las personas más necesitadas, los pobres, no califican para los mismos, por lo que nueva vez quedan excluidos de posibles soluciones.
El uso por primera vez en el país de la aplicación PolétikaRD, que ha monitoreado las propuestas de los candidatos y sus niveles de concreción, revela pronunciamientos sobre este tema pero hace falta más concreción.
Recientemente, seis de los ocho candidatos a la Presidencia de la República, exceptuando a Danilo Medina y a Hatuey De Camps, firmaron un acuerdo-compromiso para reducción del déficit habitacional anteriormente citado.
Hace falta entonces que las autoridades electas este 15 de mayo, a nivel presidencial, congresual y municipal, hayan firmado o no, recuerden que aunque tener una vivienda, un techo, una casa propia es un sueño o una meta para muchos dominicanos, más que una aspiración, es un derecho garantizado en la Constitución.
Ojalá que gane quien gane, en vivienda se haga lo que nunca se ha hecho o se instaure el cambio. Pero que se haga.