POR JUAN BOLÍVAR DÍAZ
Más allá de las desconfianzas que algunos sectores enfatizan en la Junta Central Electoral (JCE) las elecciones legislativas y municipales del próximo martes apuntan a una ratificación del mejoramiento del sistema electoral dominicano que ha pasado por primera vez en la historia por seis votaciones libres en forma consecutiva.

La ausencia de encuestas que midan las preferencias electorales por provincias y  municipios dificulta un vaticinio, pero es obvio que el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) verá reducido el poder municipal y congresional que ha tenido en los últimos 8 años y que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) será el triunfador relativo.

 Al cierre de una larga y dispendiosa campaña electoral caracterizada más por las confrontaciones y el transfuguismo que por las propuestas se advierten claros indicios de que más de la mitad de los 5 millones 369 mil 64 electores y electoras podrían expresar su disgusto con la abstención o anulando el voto.

Prevalecerá el voto

Ninguna razón objetiva permite creer que el próximo martes se romperá el récord de elecciones libres consecutivas, seis incluyendo las dos vueltas de 1996, esperándose que prevalecerá el voto libre de los electores y electoras dominicanos.

Aunque con el pecado original de haber sido fruto unilateral del Senado dominado por el PRD, los actuales jueces electorales organizaron debidamente los comicios presidenciales de hace dos años, en los cuales no se registró incidente alguno  de consideración y los resultados fueron acatados apenas cinco horas después de cerradas las urnas a pesar de que el presidente perredeista Hipólito Mejía buscaba su reelección, lo que no tenía precedente en la historia nacional.

Ahora con otro partido en el poder y una sociedad vigilante del proceso electoral no hay razón para esperar otro resultado que no sea el veredicto de las urnas. Un padrón electoral transparente, que se ha evidenciado efectivo en las últimas tres elecciones, es garantía de que no se produzcan disturbios traumáticos.

Esta vez no hay ni siquiera grandes cantidades de electores cambiados de colegios y recintos por razones organizativas como en el 2004, cuando los dos renglones sumaron 591 mil, lo que originó numerosas denuncias de supuestas dislocaciones, desmentidas por las verificaciones previas y por la votación misma.

Desde luego, estos comicios son más complicados que los presidenciales, puesto que implican 2 mil 438 puestos de elección: 32 senadores, 178 diputados, 151 síndicos e igual cantidad de vicesíndicos y 963 regidores y similar número de suplentes. En relación a las elecciones similares del 2002 ahora hay 28 diputados, 26 síndicos y vicesíndicos y 963 regidores y sus respectivos suplentes más.

La organización de las votaciones estaba el jueves bajo control, cuando ya se habían distribuido los materiales para tres cuartas partes de los 12 mil 371 colegios de votación. Los observadores de la Organización de Estados Americanos y Participación Ciudadana, al igual que embajadores y el propio presidente Leonel Fernández habían expresado su convicción de que el proceso transcurrirá con normalidad, después de reunirse con la JCE y conocer los detalles organizativos.

La única sombra de alguna significación fue que 10 mil 709 electores trasladaran su registro a las seis provincias menos pobladas, especialmente los 3 mil 455 que se reubicaron en Pedernales, en lo que parece una maniobra en busca de influir en los resultados electorales de esas jurisdicciones. Se descarta que fueran dislocados, por la múltiple procedencia de los que cambiaron su registro, de 53 municipios diferentes los mil 802 que “emigraron al municipio pedernalense de Oviedo. En los ámbitos políticos se estima que la maniobra ha sido fruto de múltiples candidatos de varios partidos.

Dos grandes bloques

 Una característica de estas elecciones es que las candidaturas se han agrupado en dos grandes bloques que concentran 17 de los 20 partidos participantes. Siete de ellos personificados por el PLD y diez por el PRD y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), aliados por primera vez. El Partido Revolucionario Social Demócrata, desprendido del PRD bajo el liderazgo de Hatuey de Camps, y el Partido Revolucionario Independiente concurren solos a los comicios. Mientras el Partido Popular Cristiano lleva candidaturas propias en algunos municipios y en alianza con otros en varios más. Un solo movimiento independiente postula en el municipio de Yaguate, San Cristóbal.

Dado el 57 por ciento obtenido en las elecciones presidenciales de hace dos años por la alianza que encabeza el PLD y las preferencias que sigue registrando en las encuestas, se le otorgan muchas posibilidades de superar su actual representación de un solo senador, 42 diputados y 7 sindicaturas, fruto de los comicios del 2002. Del PLD se dice que gana como quiera, puesto que con sólo 2 senadores ya crecería un cien por ciento, y sus posibilidades lucen mucho mayores.

Sin embargo, el peledeísmo históricamente ha tendido a acumular sus simpatías en los grandes núcleos urbanos del Distrito Nacional, provincia Santo Domingo y Santiago, donde ha concentrado la inversión en sus dos gobiernos, mientras perredeistas y reformistas tienen más arraigo en la mayoría de las provincias medianas y pequeñas.

La gran interrogante es en qué medida el PRD y el PRSC podrán cosechar los votos de sus simpatizantes, dadas las serias dificultades que han atravesado para fraguar su alianza y los desgarramientos sufridos, especialmente por el último.

Lo que no está en discusión es que el perredeísmo perderá la preponderancia que ha tenido en los últimos 8 años en el Congreso y los municipios. En el 2002 barrió en el Senado con 29 de los 32 puestos, con 72 diputados y 104 de los 125 municipios. Ni las encuestas, ni los analistas más generosos le otorgan posibilidad ni de acercarse a esos números. Su votación total se viene reduciendo, del 51% en 1998 al 49.87 en el 2000, al 42% en el 2002 y al 33 en el 2004, incluidos sus aliados.

En el mejor de los casos compartiría los puestos con el PRSC y los otros aliados. Juntos podrían conservar mayoría en el Senado y los municipios, pero dados los dos grandes bloques y por el factor de distribución de las curules de diputados, se da por hecho que el PLD tendría la primera mayoría en la cámara baja. Su mayor representación en el Congreso la obtuvo en los comicios de 1990, cuando logró 12 senadores, pero en el cuatrienio siguiente cayó a 4, luego a 3 y finalmente a 1.

Con buena fortuna de la “Alianza Rosada” el PRSC puede elevar sus actuales 2 senadores y sus 11 sindicaturas, aunque difícilmente pueda alcanzar 35 diputados.        

Tendencia abstencionista

Entre analistas y observadores políticos existe la convicción de que la abstención podría seguir incrementándose en estos comicios, superando el 47 por ciento de 1998 y el 49 por ciento del 2002. En ambos los votos nulos, parte de ellos en blanco,  fueron 4 y 2 por ciento respectivamente, lo que indica que congresistas y munícipes han sido fruto de menos de la mitad del electorado después que su elección fue separada de la presidencial hace 8 años.

El abstencionismo se incuba en los sectores medios y más críticos de la población, disgustados por el deterioro de la actividad política y de los partidos que cada vez tienen menos diferencias ideológicas, programáticas y éticas. Por primera vez han surgido movimientos que propugnan por la abstención electoral.

En las dos anteriores elecciones congresionales y municipales la abstención se ha concentrado en los grandes núcleos urbanos, alcanzando 66 y 59 por ciento en el Distrito Nacional, 56 y 55 por ciento en Santiago, 61 por ciento en la nueva provincia Santo Domingo, 63 y 57 por ciento en La Romana, 61 y 56 por ciento en San Pedro de Macorís. En cambio en las provincias más pobres y de menor población, la votación del 2002 alcanzó tasas del 76 por ciento en Independencia, 74 en Elías Piña, 72 por ciento en Pedernales y 69 en Dajabón. Se respira un cansancio en amplios segmentos sociales por la prolongada extensión de la actual campaña electoral, que comenzó hace unos 9 meses con la promoción de precandidatos y que ha implicado un costo sin precedente, por el dispendio en propaganda, movilizaciones y repartos clientelistas.

La convicción general es que gran parte del costo de esa campaña sale de alguna manera del gobierno central y los ayuntamientos y del tráfico legislativo, así como de la generalizada corrupción y el rentismo empresarial. El costo de la política dominicana llama la atención de los extranjeros, hasta el punto que el embajador de Alemania lo mencionó en declaración pública el pasado jueves.

El costo de estas elecciones ha sido cifrado en mil 574 millones de pesos, de los cuales 583 fueron destinados a los partidos, básicamente a los tres mayores. En 1998 los partidos recibieron 171 millones, y en el 2002 poco más de 309 millones de pesos.

La degradación de la política manifiesta en el transfuguismo que caracteriza esta campaña electoral, incentivado desde el gobierno, y la incursión del presidente Leonel Fernández en las caravanas electorales, hasta luciendo una gorra balaguerista,  también han generado disgustos y rechazos que incentivan el abstencionismo. Precandidatos, candidatos y partidos se han ofertado al mejor postor. Algunos tienen procesos abiertos en la justicia y otro ya fue condenado por tráfico de inmigrantes.

Menor nivel de violencia

Si en algo esta campaña electoral ha superado a las anteriores es que hasta el jueves 11 se había registrado menor nivel de violencia, con sólo un muerto a balazos en La Vega, donde un perredeista cayó a manos de un peledeista  el miércoles, y una decena de heridos de bala en Nagua, San Cristóbal, Villa Altagracia y  Santo Domingo.

En la de 1998 la violencia fue generalizada y los muertos sumaron 10, mientras  cuatro años después fueron 5, incluidos dos asesinados a balazos la noche del 16 de mayo mientras se realizaba el cómputo.

Lo que no se redujo fue la violencia verbal y la descalificación entre partidos y candidatos que un tardío  “Pacto de Civilidad” trató de contener en la última semana, viéndose expuesto al fracaso por la persistencia en el incentivo del transfuguismo y los usos abusivos del poder y de los símbolos de los partidos.

Crezca o no el abstencionismo esta campaña electoral ha demostrado la necesidad de reformas en el sistema político.