Debo primero aclarar que no analizaré estos sucesos desde el punto de vista político, sino del económico, ya que hace mucho tiempo que dejamos de ejercer esta actividad que lo único que nos dejó fue un trago amargo y la disminución de nuestro patrimonio, al ser candidato de un partido que apenas tenía tres meses de su incorporación.
En las exposiciones del presidente de la Junta Central Electoral (JCE), doctor Julio César Castaños Guzmán, éste ha querido sostener que lo ocurrido en el dislocamiento del padrón electoral con la eliminación de candidatos y de partidos opositores inscritos, fue un acto “fortuito”. Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE), este término significa: 1. Suceso por lo común dañoso, que acontece por azar, sin poder imputar a nadie por su origen. // 2. Der. Suceso ajeno a la voluntad del obligado, que excusa el cumplimiento de obligaciones.
¿Aconteció este suceso por azar? A nuestro entender, no solo hubo una tramposería tramada con alevosía, sino que ésta había sido denunciada por uno de los partidos políticos participantes; por lo cual, los miembros de la JCE debieron haber sido más responsables y menos ingenuos a la hora de preservar los programas de voto automatizado y escáner, manteniendo una vigilancia permanente, hasta el momento de apertura de las votaciones, donde se afirma, que personas ajenas a la seguridad, incursionaron y desnaturalizaron al eliminar datos de los partidos opositores al actual gobierno.
El presidente de la JCE quiere defender lo indefendible, alegando su ignorancia de lo acontecido y afirma que no renunciará, ya que pretende identificar a los responsables de haber cometido las fallas técnicas que boicotearon el sistema del voto automatizado.
Ahora bien ¿Cuál será el destino de estos sofisticados y millonarios equipos buenos para nada? Se agregarán a los equipos adquiridos por el doctor Roberto Rosario Márquez, flamante acompañante del candidato doctor Leonel Fernández como dirigente de la Fuerza del Pueblo y por los cuales, hasta almacenamiento se está pagando. ¿Se descontará el precio de los mismos de los emolumentos que se le asignan a los partidos políticos para sus campañas?
Algunas interrogantes: ¿Quién le devolverá los gastos incurridos por los diferentes aspirantes a los cargos electivos? ¿Cuál será el valor a pagar por la impresión de nuevo de todas las boletas electorales? ¿Estarán dispuestos los votantes a tener la misma animosidad que demostraron en estos comicios? ¿Quién reembolsará aquellos ciudadanos que cumpliendo con el deber patriótico de votar acudieron a sus pueblos pagando el transporte? Y ¿Aquellos que pagaron un boleto aéreo desde el exterior para venir a votar?
En nuestro país, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), tiene una cacería de brujas contra todos los ciudadanos que deben pagar a veces cantidades en exceso al ser evaluados sus bienes por los inspectores de esa entidad. ¿Qué pensará o hará el director de la DGII al comprobar este dispendio de más de 8,000 millones de pesos tirados por la borda? ¿Están conformes los contribuyentes con este derroche de dinero tirado al zafacón?
Estamos conscientes de que hay muy poco tiempo para cambiar a los miembros de la JCE para los nuevos comicios del 15 de marzo, por lo tanto, los mismos deberán estar aguzados y diligentes para que lo sucedido sea cosa del pasado. Sin embargo, esto no los libera del enorme gasto económico y el escarnio pasado que hasta un ministro de Venezuela se burló de éste fallido intento del ejercicio cabal de la democracia.
Es dable recordar a nuestras autoridades, que el país está sentado en un barril de pólvora y que cualquier acontecimiento por baladí que parezca, puede detonar la chispa y desembocar en acontecimientos de alta peligrosidad y echar a pique el civismo que hasta ahora hemos sido capaces de demostrar. Estos comicios evidenciaron, que los únicos gananciosos fueron aquellos que deleznablemente vendieron su voto. ¡Cuánta infamia!