La amenaza que constituye para la economía mundial, y especialmente para la dominicana, el elevado precio del petróleo y sus derivados en los mercados internacionales, se mantiene latente, a pesar de que a mediados de la semana el crudo bajó de precio, debido a que se determinó que las reservas de los Estados Unidos no son tan bajas como se especulaba.

Influyó también la decisión expresada por el presidente norteamericano,  George W. Bush, de recurrir a las reservas, si es necesario, y de acelerar programas destinados a desarrollar alternativas a los combustibles fósiles.

Si bien los factores relativos a la producción y suministro de energía se mantienen estables,   no así los problemas políticos que afectan a dos grandes productores: Irán y su decisión de utilizar la energía atómica para producir electricidad y la revuelta política interna en Nigeria.

Algunos analistas entienden, incluso, que un factor importante en los niveles actuales del precio del petróleo es el de la especulación de las grandes petroleras, que con la crisis han multiplicado sus ganancias a niveles tan elevados que ha provocado una investigación oficial en los Estados Unidos.

Siendo la República Dominicana un importador neto de combustibles, con un sistema eléctrico que se mueve básicamente con derivados del petróleo, y un transporte público deficiente y de gran consumidor de hidrocarburos, cualquier alza en el precio de los combustibles fósiles golpea duramente sobre sus finanzas e influye en el Indice de Precios al Consumidor (IPC).

En esta ocasión, el petróleo ha escalado niveles récords y se mantiene por encima de los US$70 el barril y todos los analistas, incluyendo los del Fondo Monetario Internacional (FMI), insisten en que puede superar los US$80 el barril.

Los presidentes de Irán, Venezuela y Rusia, los tres grandes productores, han hablado de US$100 el barril.

Si bien el presidente Leonel Fernández dijo esta semana que el alza en el petróleo es la principal amenaza para la economía del país, no parece que en esta ocasión el problema concite tanta atención como la escalada alcista de mediados del pasado año.

Incluso, se han escuchados voces disímiles en el gobierno respecto al problema, puesto que algunos funcionarios han señalado que no amenaza la estabilidad del país, en tanto que otros entienden que los efectos no van a ser tan sensibles.

Mientras, desde el sector privado y de organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se pide acción al gobierno para enfrentar la situación.

Ahorros y alternativas

El representante del BID, Moisés Pineda, urgió a que se aplique en el país un plan de ahorro de energía para lo cual el organismo está dispuesto a ayudar.

Dijo que el BID cuenta con recursos para financiar programas y ayudar a los países afectados por el alza en el precio del petróleo.

También, sobre la necesidad de aplicar un programa de ahorros, tanto de combustibles como de energía eléctrica, se pronunció esta semana la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, a través de su presidente, Ernesto Vilalta.

El dirigente empresarial urgió al Congreso a que apruebe la Ley de Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía, enviado por el presidente Fernández al Congreso, que ya fue consensuado y que está pendiente de que se conozca el informe de la comisión que tuvo a cargo su estudio.

En ese sentido, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, expresó su apoyo al proyecto, que consideró importante y que debe ser aprobado a la mayor brevedad posible.

 Sin embargo, tanto diputados como senadores suspendieron las sesiones hasta después de las elecciones del 16 de mayo, para dedicarse de lleno a la campaña electoral.

También, la campaña, al parecer, ha influido en la decisión del gobierno, anunciada esta semana por el secretario Administrativo de la Presidencia, Luis Manuel Bonetti, de posponer hasta después de los comicios, las medidas que adoptará para ahorrar combustibles.

Asimismo, la decisión, anunciada esta vez por el superintendente de Electricidad, Francisco Méndez, y el administrador de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, Radhamés Segura, de no traspasar a la factura de los usuarios del sistema eléctrico, el alza en los costos fruto del aumento en el petróleo y derivados.

Esta decisión elevará a unos US$800 millones el subsidio originalmente estimado en unos US$500 millones.

El paquete de medidas de ahorro puestas en marcha en septiembre, incluyó el cierre de las estaciones de expendio a  las 8:00 de la noche, y desde el mediodía del sábado hasta las 6:00 de la mañana del lunes.

También se aplicó un programa de promoción del uso de bombillas de bajo consumo, de las que el gobierno repartió varios millones en barrios de la capital y de las principales ciudades y en comunidades del interior.

También se cambió parte de la flotilla de vehículos oficiales y se dieron instrucciones para limitar el uso de los mismos en labores ajenas a las que están asignados.

Sin embargo, algunas de estas medidas fueron suspendidas y otras relajadas, aunque se mantiene el programa de bombillas de bajo consumo, las que dejaron de pagar impuestos de importación y el ITBIS para incentivar su consumo.

Algunos entienden que el factor precio, especialmente en el caso de la gasolina y el gas, puede ayudar a reducir el consumo. También se ha mantenido una campaña de motivación a través de la radio y la televisión.

Un funcionario de la Secretaría de Industria y Comercio anunció que se aceleran los proyectos encaminados a producir etanol, y para comenzar a mezclarlos con la gasolina.

Según explicó, se comenzarían con una mezcla al cinco por ciento, con lo que el país se ahorraría unos US$60 millones.

Ya hasta los norteamericanos, tan reacios a adoptar medidas en este sentido,  están estudiando algunas posibilidades y el propio presidente Bush anunció que suspenderán las compras para  reservas, y se acelerarán los programas que buscan sustituir algunos aditivos que se mezclan con la gasolina para darle mayor rendimiento, por etanol.

La sustitución de estos aditivos, considerados cancerígenos, es una decisión tomada y lo que buscan las autoridades ahora es acelerar el proceso ante el empuje de los precios.

También se habla de la posibilidad de controlar las enormes ganancias de las empresas petroleras.

 Solo la Exxon Mobil ganó el pasado año más de US$36,000 millones y jubiló a su presidente con un paquete que incluyó un bono de US$400 millones.

La estabilidad

Algunos sectores entienden que si el petróleo continúa con su tendencia alcista, los evidentes logros macroeconómicos,  la estabilidad cambiaria y el control de la inflación logradas por las autoridades, pueden verse afectados.

Recientemente el secretario de Finanzas, Vicente Bengoa, minimizó el problema, señalando que no cree que afecte el crecimiento económico y la estabilidad.

En cambio, la presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Elena Viyella de Paliza, consideró que el problema petrolero supone un gran reto al gobierno en cuanto al manejo de la política fiscal y monetaria.

Entiende que “se requiere de mucha mayor eficiencia y racionalidad en la asignación del gasto público y también en las empresas privadas, a lo interno de sus operaciones, para mitigar el efecto de los precios de petróleo”.

Asimismo, entiende que  se precisa de mucho mayor disciplina y racionalidad en el consumo de energía y en el transporte de personas y mercancías y mucha mayor eficiencia para reducir el déficit operacional en las empresas distribuidoras de energía, a través de la disminución de los fraudes energéticos.

La cifra us$ 75.0

Fue el costo al cual llegó el precio del barril de petróleo el pasado miércoles 23 en los mercados internacionales, según los intermediarios del producto.