La actual administración de la cosa pública es pasible de un cúmulo infinito de críticas. De ahí, sin embargo, a plantear mediante carteles y otros medios de propaganda la renuncia del Presidente Hipólito Mejía, hay un trecho que no puede asumirse con ligereza.

Dos argumentos pueden plantearse contra este pedido. Uno, que los electores se encuentran a tres meses y medio de los comicios generales en que debe elegirse Presidente de la República. Otro, que una renuncia tal no resolverá los acuciantes y enormes problemas que aquejan a la población.

Varios funcionarios quedaron seducidos por la idea de que eran insuperables las dificultades ocasionadas por mandatos precedentes. Todos ellos, además, han atribuido a la economía mundial varios de los inconvenientes que sufre el país. Entre la dejadez resultante de la primera postura y el abandono que deviene de la siguiente, las autoridades desmerecen del papel que les corresponde como gobernantes. Desde el prevenible fracaso comercial del Banco Intercontinental hallaron, a continuación, la siguiente y gran excusa para permitir que una rémora pecaminosa paralizase a la nación.

Ningún obstáculo por enraizado y grave que se muestre, es pretexto, empero, a un buen gobernante y al equipo humano que constituya un buen gobierno.

Verbigracia, nadie podrá explicarse cómo la Refinería Dominicana de Petróleo se encamina a negociar financiamientos bancarios para comprar petróleo. La Refinería no despacha a crédito los derivados que destila o importa a ninguna de las grandes firmas distribuidoras. A su vez, ninguna de éstas vende sus productos a sus detallistas sino contra pago inmediato.

¿Cómo explicar el destino de los recursos que perciben diariamente?

Esa empresa, de la que el Estado Dominicano es accionista en un 50%, ha realizado operaciones agiotistas en las últimas horas, definidas en la retención de sus productos a la espera del alza semanal de sus precios.

¿Cómo explicar este papel especulativo a una población entregada a la angustia emocional y el desengaño material? La información ofrecida en el sentido de que únicamente se había retenido el 10% de los despachos, no resarce las molestias ocasionadas en el fin de semana anterior a miles de consumidores.

La misma incapacidad del administrador público para absorver una parte de los costos económicos y sociales de las alzas impuestas a esos productos, es otra expresión de esa dejadez en que se ha caido. Y ése no es el papel del administrador de la cosa pública. No lo fue aún para los monarcas de los tiempos del absolutismo.

No deseamos repetir en estas lineas las que son quejas de los dominicanos de estos días. Todos los días son objeto de atención noticiosa por los medios de comunicación social, y de análisis por parte de quienes actuamos en ellos. Son también esas quejas, resultado de los tropiezos cotidianos de cuantos actúan en la comunidad nacional, deseosos de encontrar un futuro mejor para sus hijos.

Pero ninguno de los enormes problemas que soportamos, justifica el pedido que se hace para que renuncie de su cargo el Presidente Mejía.

La única justificación argüible sería la de que frente a los desembozados aprestos por permanecer en el poder, la solicitud intenta despertar una aturdida opinión pública. No caben dudas de que el intento tiende a llenar un vacío dejado por una opinión pública nacional aletargada, decepcionada y sorprendida. Una sostenida ilusión de que el 16 de mayo introduciría mecanismos democráticos capaces del desplazamiento, fue trascendida por los inauditos y a veces poco escrupulosos instrumentos destinados a aniquilar la imagen de los adversarios internos. ¡Qué podrá esperarse contra los externos!

Desde ese punto de vista, pues, podría tener justificación el pedido de cuantos piden una renuncia adelantada. Pero ¡falta tan poco para el 16 de mayo! El corto tiempo impone, pues, otras soluciones. Ante esta realidad, las fuerzas políticas y sociales contrarias al Presidente Mejía lo que tienen que hacer es fortalecer sus imágenes ante esa opinión pública.

Concitar a los miembros del electorado a participar masivamente en el certamen electoral, y a expresar sus inclinaciones conforme lo que es su apreciación del actual mandato.

Otras naciones han probado, cual es el caso de la Argentina o Bolivia, entregas adelantadas y mandatos truncos sin romper el orden constitucional.

Y es verdad que en orden a los pesares de la deuda externa, recorre República Dominicana el camino de los argentinos. Pero todavía no vivimos, del todo, la incertidumbre de nuestros hermanos del sur del continente. De modo que podemos esperar, sin precipitaciones ni alteraciones, a que se dé cumplimiento a los mandatos constitucionales en orden a la gestión del titular del Poder Ejecutivo.

No mezclemos, con las de por sí pesadas cargas de la crisis que sufrimos, un elemento alborotador como lo es el inconcebible pedido para que renuncie el Presidente Mejía. Esa petición debe ser ignorada.