Los abogados del Banco Central y la Superintendencia de Bancos interpusieron ayer una querella directa con constitución en parte civil contra seis ex ejecutivos del Banco Mercantil, ante la lentitud del fiscal Máximo Aristy Caraballo de poner en movimiento la acción pública.

Ramón Pina Acevedo, Artagnan Pérez Méndez, Carlos Salcedo y Francisco Benzan depositaron la querella contra Andrés Alejandro Aybar Báez, Evelyn Altagracia Pérez Montandón, Eduardo Jacinto Alejandro de Castro Sánchez, Ramón Aref Henríquez Risk, José Manuel Mateo Contreras y Rafael Maximiliano Moya Hernández, por ante la oficina coordinadora de los Juzgados de Instrucción, a fin de que sea remitida a un juez que instruya la sumaria correspondiente.

A finales del mes pasado las autoridades monetarias decidieron someter por ante la fiscalía del Distrito Nacional a los ex ejecutivos de la entidad bancaria, sin embargo hasta la fecha no ha sido remitido a un tribunal que inicie las pesquisas del caso.

Las fiscalía alega que antes de enviar el expediente a un juzgado debe realizar las pesquisas de lugar, al tiempo de señalar que ya han sido interrogados algunos de los acusados, entre ellos

Aybar Báez y Pérez Montadón.

En la querella los abogados explicaron que con anterioridad a la adquisición de la mayoría de las acciones del Banco Mercantil por parte del Republic Bank Limited de Trinidad y Tobago, el 8 de octubre del 2003 y, sobre todo, durante los años 2002 y 2003, esa entidad bancaria experimentaba serios problemas de liquidez, los cuales fueron solventados con facilidades y recursos, en adelantos y redescuentos del Banco Central de la República Dominicana, ascendentes a la suma de RDS6,500,000,000.00.

Dijeron que los ex ejecutivos del banco, establecieron un proceso en la referida institución mediante el cual se extraían fondos fuera de los libros del banco, con la finalidad de obtener a su favor y de otros ex ejecutivos de «manera fraudulenta, una serie de beneficios y facilidades personales adicionales a los que tenían derecho y a los que figuraban en los libros y cuentas que eran presentados a las autoridades encargadas de la supervisión del sistema financiero nacional.

Asimismo, señalan que mediante la creación real, en pocos casos, y ficticia, los ex ejecutivos generaron una serie de «empresas» que emitían cheques con firmas de personas inexistentes, «beneficiarios ficticios y endosantes y endosos irregulares e inexistentes con el deliberado propósito de favorecer a sus más altos ejecutivos mediante nóminas fuera de libro y otros beneficios tales como bonos especiales, compra de vehículos de lujo, y otras cosas».

[b]JUEZ SANCHEZ ORTIZ[/b]

En otro orden, los abogados del Estado manifestaron que solicitaran a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) una investigación sobre la decisión del juez del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Eduardo Sánchez Ortiz, en torno al expediente del Banco Intercontinental (BANINTER).

Dijeron que el hecho de que la decisión contenga contradicciones tan notorias y evidentes y que el señor Luis Alvarez Renta haya pagado el 80 por ciento de su fortuna para salir airoso del proceso merece un plan de investigación profunda por parte de la SCJ.

De su lado, Ramón Pina Acevedo denunció que mucho antes de la decisión, el economista Luis Alvarez Renta le hizo una visita a su oficina que se extendió por más de dos horas, en la que le hizo proposiciones muy parecidas a la decisión tomada por el juez.

Expresó que en su momento ofrecerá mayores detalles en torno a esa conversación.