Hoy 
El presidente de la Suprema Corte de Justicia reveló que los abogados del Estado en el caso del Banco Intercontinental (BANINTER) recurrieron ante ese tribunal para que se suspenda la aplicación de la sentencia que concedió libertad provisional bajo fianza a los banqueros Ramón Báez Figueroa y Marcos Báez Cocco.
El magistrado Jorge Subero Isa dijo anoche, sin embargo, que la ejecución de esa sentencia depende del Ministerio Público.
Al hablar antes de la inauguración del nuevo local de Participación Ciudadana, en la Zona Universitaria, el presidente de la Suprema Corte insistió en que no podía emitir ninguna opinión de «manera principal» porque la decisión fue objeto de un recurso de casación.
Ayer los abogados de los banqueros Báez Figueroa y Báez Cocco, los doctores Juárez y Vinicio Castillo Semán y Antonio Delgado, dijeron que no pudieron presentar ante la Corte de Apelación el pago de las fianzas porque el Ministerio Público les hizo «una bellaquería» al cerrar las oficinas dos horas antes de lo establecido.
No obstante, Rafael Mejía Guerrero, procurador de la Corte de Apelación, dijo no haber recibido los contratos de fianzas y que los abogados deben cumplir con los procedimientos legales.
El viernes pasado la Cámara de Calificación, integrada por los jueces Miriam Germán Brito, Luis Jiménez Rosa y Antonio Sánchez, otorgó la libertad provisional bajo fianza a Báez Figueroa y Báez Cocco, mediante el pago de sendas fianzas de RD$100 millones.
Los dos banqueros, presos en la cárcel de Najayo, San Cristóbal, fueron arrestados a mediados de mayo pasado. Están acusados de un fraude de RD$55,000 millones supuestamente cometido en el BANINTER.
Báez Figueroa era presidente del disuelto BANINTER y Báez Cocco el vicepresidente.
Por el caso BANINTER también son procesados la vicepresidenta de entidad, Vivian Lubrano, y el consultor empresarial Luis Álvarez Renta, ambos puestos en libertad por la Procuraduría tras alegar problemas de salud.
«En el día de hoy -ayer- se recibió… y creo que debe ser una primicia, a menos que otras personas lo hayan dado a conocer el grupo del gobierno demandó la suspensión de ejecución de la sentencia dictada por la Cámara de Calificación a fin de que no se le conceda la libertad provisional bajo fianza al señor Báez Figueroa», precisó Subero.
Señaló que esa circunstancia le aconseja a no emitir ninguna opinión con respecto al caso, sobre todo, porque entiende que la decisión se inscribe dentro lo que es la íntima convicción de los jueces y la independencia a lo interno del Poder Judicial. La Cámara de Calificación declaró no conforme con la Constitución de la República y los tratados internacionales, la decisión del juez del Séptimo Juzgado de Instrucción, Eduardo Sánchez Ortiz, quien había conocido el recurso, pero se reservó el fallo para cuando finalizara el proceso.
Los magistrados entendieron que la prohibición de libertad provisional bajo fianza viola el principio de la presunción de inocencia y el estatuto de libertad de que goza todo imputado «convirtiéndose así en una medida arbitraria e irrazonable para las personas sometidas por algunos crímenes y delitos».
Mientras que el representante del Ministerio Público actuante en el juicio, Francisco Piña, apeló la decisión de Cámara de Calificación por entender que se violó la Ley 72-02, sobre Lavado de Activos.
Los abogados y la familia de Báez Figueroa esperaban para ayer la puesta en libertad.
La quiebra del BANINTER, uno de los bancos más grandes del país, generó un escándalo financiero de trascendencia internacional, lo que según el gobierno, le ha representado al Estado erogación de miles de millones de pesos para preservar los recursos de los ahorrantes.
