Lo correcto y procedente desde el punto de vista ético es la eliminación  definitiva, no la suspensión provisional, del denominado “barrilito” de los senadores que aunque legal  es inmoral por el privilegio irritante que representa no solo frente a  los contendientes políticos por cargos electivos, sino también ante una sociedad hastiada por la inequidad propiciada por un Congreso que, sin rubor, legisla en su provecho, contraviniendo principios elementales  de la  ética y la correcta administración.

Los privilegios que se adjudican  los mal denominados  representantes del pueblo, los ubican en un plano de superioridad social y económica que sobrepasa, con creces, el estatus de los demás servidores públicos, incluyendo a  los ministros, quienes laboran normalmente sin horarios y sin treguas, contrario a los legisladores que asisten, cuando les da las ganas a sus curules de martes a jueves, a levantar las manos sin siquiera molestarse en leer los proyectos de leyes sometidos. En cambio, estos señores reciben, en adición a sus lujosos sueldos mensuales, dos exoneraciones de vehículos de motor sin límite de precio,  millonarios fondos para uso “social”, dietas, guardaespaldas, choferes, pasaportes diplomáticos, mantenimientos de oficinas, con su numeroso personal tanto en el Congreso como en su comunidad, asignación de armas de fuego, placa oficial, seguros de salud, club social exclusivo y hasta retiro con pensión privilegiada.

En cuanto al manejo pulcro de los fondos recibidos para supuestas obras de bien social que en el caso de que se ejecuten constituyen una labor de proselitismo político personal con el dinero del contribuyente, hay que dudar.

Por esas y otras muchas razones es tiempo de que se tome en cuenta las opiniones editoriales de nuestros principales medios, del Cardenal  López Rodríguez, del presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán; sectores, entidades y personas  que abogan por la eliminación de un privilegio que no se justifica.