En reunión con las comisiones de Defensa y Justicia del Senado, diferentes entidades vinculadas a la banca, el turismo y otros sectores empresariales resaltaron ayer como su mayor preocupación, entre unas 30 propuestas disidentes, la eliminación del secreto bancario contemplado en el proyecto de Ley contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que derogaría la actual Ley 72-02, sobre Drogas, aunque reconocieron que se trata de un reclamo permanente de organismos internacionales.
Para estudiar los diferentes reclamos de las entidades, ambas comisiones, que presiden los senadores Adriano Sánchez Roa y Arístides Victoria Yeb, designaron una subcomisión que procurará el consenso entre las partes.
“La mayor preocupación que tienen algunos sectores empresariales es la parte del secreto bancario, muy discutida”, dijo el senador José Rafael Vargas.
Sin embargo, expresó que todos están de acuerdo con que se trata de un reclamo de los organismos internacionales.
Estos organismos procuran que se mantenga la necesidad de documentos por vía directa o nominal de los inversionistas o donantes sobre los recursos que se mueven en estas negociaciones.
Invitados. Los comisionados recibieron al vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaño Guzmán; a los representantes de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), encabezados por su directora legal, Alba Russo Martínez, y los consultores jurídicos del Consejo Nacional de Zonas Francas y la Asociación Dominicana de Zonas Francas, Cristian Pimentel Dumé y José A. Martí.
Mientras que la Dirección General de Impuestos Internos se hizo representar por su gerente legal, Ubalilo Trinidad; el Banco Central, por el asesor Ricardo Rojas León, y el por Ministerio de la Presidencia estuvo presente, el viceministro Juan Jiménez.
Para satisfacer las demandas de las entidades con las que se reunieron, que incluyen otros reclamos, en su mayoría de forma sobre el proyecto, las comisiones de Defensa y de Justicia designaron una subcomisión técnica a los fines de consensuar el proyecto de Ley contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que busca sustituir y derogar la Ley 72-02, sobre el Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002.
Por su lado, el senador Sánchez Roa, presidente de la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional, dijo que la subcomisión será integrada por técnicos del Senado y de los sectores público y privado, para analizar unas 30 propuestas disidentes sobre varios puntos de la iniciativa.
Sostuvo que dada la importancia del proyecto para la prevención, persecución y sanción del lavado de activos, tanto en el sector público como en el privado, la subcomisión tiene un plazo de una semana para presentar su informe.
Reveló que solo en el año 2015, la banca nacional hizo 645 mil advertencias a las autoridades sobre transacciones sospechosas de lavado de activos, y solo ocho personas fueron sometidas.
Explicó que la nueva ley creará mecanismos y dotará de herramientas a las autoridades competentes para que los capitales públicos y privados sean manejados de forma lícita.
La pieza legislativa tiene por objeto establecer los actos que tipifican el lavado de activos, las infracciones precedentes o determinantes y el financiamiento del terrorismo, así como las sanciones penales que resultan aplicables.
Además, busca establecer el régimen de prevención y detección de operaciones de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y del financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva; determinando los sujetos obligados, sus obligaciones y prohibiciones, así como las sanciones administrativas que se deriven de su inobservancia.