POR MANUEL ESPINOSA R.
SAN JUAN DE LA MAGUANA.- Con el «desmantelamiento» de las Unidades de Atención Primaria (UNAP), más de 100,000

personas, incluidos niños, ancianos y parturientas, dejaron de recibir atenciones médicas gratuitas en esta provincia.

La denuncia la hicieron el diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), ingeniero Darío Herrera; el síndico perredeísta Alejandro Uribe Castillo, y el presidente del comité municipal del PRD, Juan Dagoberto Lorenzo Bautista.

Este programa fue puesto en ejecución por el anterior Gobierno con fondos extranjeros y una contrapartida del Estado dominicano, manejado mediante concurso por Organizaciones no Gubernamentales (ONG). Las unidades permanecieron abiertas unos meses durante el actual Gobierno, pero finalmente fueron cerradas.

Miles de personas que sufren dolencias físicas permanentes, especialmente hipertensión arterial, a través de las UNAP fueron censadas y carnetizadas por un personal entrenado quienes les entregan sus medicamentos, previo a los exámenes médicos.

Con relación a las parturientas, desde el tercer mes de gestación, los médicos al servicio de las unidades primarias de atención, unos 55 en total, y 275 personal de apoyo, les realizaban los chequeos médicos mensuales, pero luego de ser cerrados, todo ha sido descontinuado.

Las UNAP funcionaban en los municipios de Bohechío, El Cercado y Juan de Herrera. En tanto, que en este municipio operaban en los sectores marginados Quijá Quieta, Guachupita, Los Mojados, Hato del Padre, El Batey, La Zanja, Sabana Alta, Guanito, Los Bancos, Pandie y Caldón.

Todas las oficinas que funcionaban en los lugares antes citados, con personal entrenado, y mobiliarios de oficina, están cerrados desde hace varios meses, porque las autoridades del gobierno del presidente Leonel Fernández no se interesaron en presentar una nueva propuesta de continuación del plan.

Cuando tomaron la decisión de cerrar las UNAP, las autoridades de Salud Pública de aquí informaron que su «reapertura y continuación estaría bajo responsabilidad del Consejo Presidencial contra el Sida (COPRESIDA)», en términos económicos. Sin embargo, todo esto ha quedado en simples promesas.

Durante el tiempo que estuvieron funcionando las unidades, el flujo de pacientes hacia los hospitales público se redujo considerablemente. En la actualidad han tenido que retornar a esos centros.