Elogia normas a oficialías

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POR GERMAN MARTE
El ex encargado de la Oficina del Registro Civil de la XII Circunscripción de Santo Domingo, Luis Felipe Rodríguez, que fue cancelado de su cargo tras denunciar que las oficialías se habían convertido en fuentes de enriquecimiento ilícito, valoró ayer como positiva la asignación de sueldos fijos a los oficiales del Estado Civil, por considerar que la medida contribuirá a resolver el problema del Registro Civil y a eliminar la cultura del fraude en esas dependencias.

“Yo celebro en gran manera que la Junta Central Electoral (JCE) haya tomado estas decisiones, eso me dice a mí que en el fondo, y después de todo, valió la pena las denuncias que se hicieron aquella vez y que no fue en vano mi cancelación”, expresó Rodríguez al ser consultado por Hoy.

La Junta Central Electoral (JCE) oficializó el viernes  los salarios para los Oficiales del Estado Civil, y las tarifas que deberán pagar los usuarios por cada uno de los servicios que se ofrecen en esas dependencias. Dispuso que en lo adelante, y dependiendo de la categoría, los encargados de las oficialías devengarán entre RD$25 y RD$50 mensuales.

Rodríguez fue cancelado en septiembre del 2005 luego de hacer graves denuncias en torno a las oficialías y señalar que las mismas se habían convertido en un negocio para los jueces de la JCE y los propios encargados. Además, defendía la gratuidad de las actas de nacimiento.

Dijo que la asignación de salarios fijos a los encargados de las oficialías de Estado contribuirá a eliminar que estas dependencias de la JCE sigan siendo una fuente de enriquecimiento ilícito, porque ya no se va a manejar como si fuera un colmado los recursos que genere, sino que deberá enviarlos a la Junta.

Sostuvo que ahora la nueva JCE debería revisar uno por uno los casos de los encargados de las 161 oficialías que hay en el país, puesto que los miembros de la junta anterior se habían repartido las oficinas, designando a personas de su entorno.

“Sería sano someter a una evaluación caso por caso de los actuales oficiales del Estado civil y en función de la opinión que tenga la comunidad donde funcionan cada una de esas oficialías, y en función de la destrezas y la preparación académica ver a quienes se ratifica en el cargo y a quien se sustituye”, subrayó.

El abogado consideró como muy atinada la decisión de asignar sueldos a los oficiales del Estado Civil y consideró justo el rango de los salarios que se anunciaron, dado que ciertamente hay oficialías de diferentes niveles por la demanda de trabajo que tienen.

Dijo que en ese aspecto la JCE va en el camino de solucionar el problema del registro civil, mientras que a los magistrados les aguarda un gran reto, “porque el caso es más grande que lo que se ve, no solamente la asignación de sueldos, sino también terminar con la cultura de fraude que hay en las oficialías de Estado civil”.

Indicó que el macuteo que se produce en las oficialías no es posible sin la complicidad de empleados que se presten a eso.

Rodríguez expresó que si no se supera ese esquema gerencial, podría continuar esa práctica que tanto daño ha hecho al trabajo de las oficialías.

Indicó que en lo adelante, todos los pasos que de la Junta deben estar ceñidos al estricto cumplimiento de la ley, pues eso permitiría una valoración positiva de sus miembros.

Asimismo, recordó que la ley establece que hay una serie de servicios de los que ofrecen las oficialías que deben ser gratuitos.

MATRIMONIO GRATUITOS
A juicio del jurista, los matrimonios que se celebren en las oficialías deberían ser gratuitos, porque esa sería una forma de incentivar a la integración y a la legitimidad de la familia.

Más que un aspecto técnico, explicó, esto envuelve un aspecto psicológico que afecta a miles de familias porque un hijo que no vive con sus padres legalmente casados, no se siente como integrante de una familia legítima, y a partir de estos conceptos de legitimidad y legalidad que adorna el matrimonio surgen una serie de consecuencias psicológicas que afectan a la familia y a la sociedad en su conjunto.

En cambio, consideró, lo que si debería pagar mucho dinero es el procedimiento del divorcio en las oficialías y la expedición de este tipo de acta, porque eso tendería a desincentivar este recurso último al que debería recurrir una pareja.

Rodríguez señaló que constitucionalmente está previsto que el Estado debe propiciar la institución del matrimonio, y mal podría gravar el matrimonio con algún tipo de impuesto.

Por eso debería tener un costo mínimo, no los acostumbrados, que suelen ser muy elevados para la población más pobre, aquí hay porcentaje muy elevado de personas que no se casan porque no tienen dinero para pagarlo.

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