Hoy 
POR MANUEL JIMENEZ
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Cesar Pina Toribio, dijo ayer que la Suprema Corte de Justicia ha actuado «con suficiente responsabilidad» en muchísimos temas y consideró como absolutamente legal la permanencia de sus actuales jueces.
Pina Acevedo explicó, asimismo, que la ley que obliga a la renuncia de los jueces de la Suprema Corte con más de 75 años de edad, no aplica en el caso de los actuales magistrados, en vista de que entró en vigencia en una fecha posterior a su designación.
«Eso aplica para los jueces que hayan ingresado al tribunal con posterioridad a la ley», sostuvo Pina Toribio.
«En las circunstancias actuales, la ley no obliga a los actuales miembros de la Suprema Corte a cesar por el hecho de haber llegado a la edad que una ley posterior fijó para el retiro de los magistrados», dijo el funcionario, quien es de opinión que «cualquier iniciativa en este sentido debe venir de la propia Suprema Corte de Justicia».
«Yo no creo que ninguno de nosotros deba ir a decirles a esos magistrados que están viejos o que están enfermos, porque ese tribunal ha actuado con suficiente responsabilidad en muchísimos temas», recalcó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
Dijo que si la permanencia en sus puestos de estos magistrados estuviera creándoles problemas al funcionamiento del alto tribunal, «yo creo que la propia Corte habría planteado el problema».
Pina Toribio entiende que para evitar la contaminación política de este tema, no deben ser los actores políticos a lo interno del Consejo Nacional de la Magistratura quienes deban iniciar cualquier decisión en ese sentido.
El tema surgió recientemente cuando representantes de algunos sectores plantearon la aplicación de la ley, tomando en cuenta que jueces de la Suprema Corte ya sobrepasan los 75 años de edad.
Los magistrados de la Suprema son escogidos por el Consejo Nacional de la Magistratura, pero algunos de sus integrantes han descartado convocar al organismo.
Pina Toribio habló en el curso de un briefing con la prensa acreditada al Palacio Nacional, auspiciado por el director de Prensa, Rafael Núñez y el portavoz gubernamental, Roberto Rodríguez Marchena.
